La Corte decide sobre la economía

Los fallos de la Corte Suprema tendrán en cuenta ahora el impacto económico que provocarán. Para esto, se crea una Unidad de Análisis Económico que será consultada en los casos que por su carácter así lo requieran.

Sucede que la Corte dictó la acordada Nº 36/2009 el 9 de setiembre pasado, destinada a analizar en los casos con implicancias económicas que deba resolver los alcances y la gravitación que éstos tienen en el desenvolvimiento de las actividades macroeconómicas que en tal sentido se realicen en el país.

De esta forma, se pueden visualizar los efectos que se producen directamente sobre el caso que deciden, y que afectan a las a partes que intervienen en el litigio. Además, la Unidad de Análisis Económico permitirá al Tribunal contar con un organismo técnico al cual se pueda solicitar una opinión fundada acerca de los efectos macroeconómicos que deriven de la decisión tomada en el expediente.

Los fallos que se analizarán van a ser aquellos que tengan gravitación en el desenvolvimiento de las actividades económicas que se realizan en el país, en los casos concretos, precisando los alcances jurídicos de las decisiones referidas a la Constitución en sus aspectos económicos, que la acordada enumera en un extenso listado y que van a ser motivo de fundadas y encendidas polémicas. Por ejemplo, en el caso de «contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General» (art. 4 C.N.); «jubilaciones y pensiones móviles»; «control de los monopolios naturales y legales»; «progreso económico con justicia social». Los fallos del Tribunal constituyen un dato relevante para los operadores o sujetos económicos que son quienes actúan en la producción, intercambio y consumo de bienes, y la prestación de servicios. Como así también, para los ejecutores de la política económica que regulan y controlan la realización de esas actividades.

En la acordada se da por supuesto que quienes regulan y controlan lo hacen en función del bienestar general y la equidad, mereciendo esta aseveración del más alto Tribunal ser considerada como un marco referencial para la actividad de los funcionarios.

Así, cuando la Corte resuelva la aplicación a un caso de la acordada Nº 36/2009, se deberá analizar qué ocurrió, cómo voy a dictar el fallo hoy y qué va a ocurrir a consecuencia del pronunciamiento, además de los efectos directos del caso, en las variables macroeconómicas sobre cuestiones de alcance constitucional, es decir, salvaguardadas por la Carta Magna, para lograr el bienestar general con equidad. Para lo cual en las sentencias emitirá señales para guiar los comportamientos de los que actúen en la economía.