La Corte pide opinión a Gils Carbó por tarifazo y desaira atajo oficial

El máximo tribunal -como adelantó Ámbito Financiero- envió el caso a la Procuración y difirió pedido del Gobierno para mantener las subas vigentes.

Alejandra Gils Carbó

Con la firma de los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, el caso por el aumento del gas suspendido en todo el país por la Cámara Federal de La Plata fue girado ayer a la Procuración General comandada por Alejandra Gils Carbó para que dictamine su validez. Aunque su opinión no es vinculante, es el paso previo a que el máximo tribunal tome una decisión final sobre el tarifazo. Como adelantó Ámbito Financiero el lunes, la Corte decidió solamente dar ese paso formal sin adoptar otro criterio en el caso que está bajo análisis, algo que le dará algo más de tiempo al Gobierno para buscar una salida política al freno judicial con el que se topó frente a los aumentos.

Pero el tribunal fue más allá y le fijó un plazo a Gils Carbó para que se pronuncie: deberá hacerlo antes del 18 de agosto próximo. Previo a esa fecha, no habrá una definición final de parte de los supremos en el caso que más inquieta al Poder Ejecutivo. El oxígeno puede alcanzar para que -según se está barajando- exista un llamado a audiencia pública según los requisitos legales, algo que sería observado con atención desde el Palacio de Justicia para evaluar si eventualmente el caso puede llegar a devenir abstracto. Prevalecería así una decisión política por sobre una judicial, donde en las actuales condiciones, la situación no perfila favorable la postura de la administración de Mauricio Macri, que corre con desventaja por el defecto de origen para los aumentos, señalado en varios fallos judiciales.

A la vez, en la reunión de Acuerdos de ayer, la Corte envió un nuevo mensaje al dejar de lado el recurso de queja presentado por el Gobierno por el efecto "devolutivo" que la Sala II de la Cámara Federal de La Plata le otorgó a su fallo. La Procuración del Tesoro había solicitado que los alcances de lo dispuesto por los camaristas platenses el 7 de julio quede en suspenso mientras dure el trámite ante la Corte. Eso permitiría reactivar las resoluciones que fijaron el tope del 400% y que, en teoría, están sin aplicar. Pero la Corte no lo aceptó ni lo descartó. Simplemente evitó expedirse sobre el tema, ante la posible lectura de que estaría convalidando las subas o rechazándolas, de manera anticipada.

El próximo paso legal llegará de la mano de la postura que adopte la oficina de Gils Carbó, desde donde dijeron que se tomarán el tiempo necesario para analizar pormenorizadamente el caso. El dictamen sentará su opinión pero, como se sabe, no definirá el criterio que pueda adoptar la Corte. Carlos Balbín, el abogado del Estado, ya visitó algunos despachos ubicados en el cuarto piso de Tribunales, con sondeos que no arrojaron señales auspiciosas.

Sin embargo, en referencia al dictamen fiscal, el Gobierno se escuda en un antecedente del 29 de abril pasado, en el que la Procuradora ante la Corte, Adriana García Neto, sostuvo que debía anularse una sentencia de Cámara adversa a un aumento tarifario, en la causa Camuzzi Gas Pampeana SA. Ese caso no tuvo aún pronunciamiento de la Corte. Una lectura detenida de los argumentos dan a entender que la cautelar otorgada en su momento por la Cámara Federal de Mar del Plata fue arbitraria, pero no valida los aumentos, sino que ordena que se dicte un nuevo fallo.