5 de octubre 2010 - 10:46

La Corte, en vísperas de fallar en el tema medios

CONFÍAN HOY EN TENER EL VOTO QUE FALTA PARA MAYORÍA QUE ELUDE TRATAR AMPARO, PERO LO MANTIENE

Ricardo Lorenzetti
Ricardo Lorenzetti
La Corte Suprema de Justicia confía en tener hoy el último voto para una sentencia con amplia mayoría en torno al pedido de amparo presentado por grupos de comunicación contra la aplicación de la ley de medios que fuerza a la venta de empresas concentradas, la llamada cláusula de desinversión. Si eso ocurre, se conocerá la decisión de mantener la medida cautelar hasta que se expidan los jueces de instancias inferiores. El argumento del voto mayoritario en el tribunal sostiene que se mantiene la medida que frena la aplicación de esa cláusula pero que no entra en el fondo de la cuestión hasta que ésta se resuelva. También dirá que no es una materia que revista gravedad institucional como para que se aboque a una acordada sobre el tema de fondo.

Si esto ocurre recrudecerán las presiones del oficialismo contra el tribunal, que ha sido puesto en la picota en boca de sus funcionarios, hasta de Cristina de Kirchner, aunque sin la vehemencia insultante Hebe de Bonafini, quien llamó a tomar el Palacio de Tribunales, denunció a los integrantes de la Corte de recibir sobres a cambio de las sentencias y los calificó de «turros». En el tribunal eludieron respuestas a través de dos de sus integrantes. Ricardo Lorenzetti, presidente, dijo en una conferencia en El Calafate que estaba a favor de la libertad de expresión. Raúl Zaffaroni se rió en un programa de cable favorable al Gobierno (lo anima el secretario de Cultura Jorge Coscia) en estos términos: «Hebe es un personaje querible, lo hemos creado nosotros. Fue una metida de pata».

El lío que armó Bonafini con esos dichos alienta a los jueces de la Corte porque tapó el sentido del acto en el cual habló, dirigido a presionarlos en contra de un fallo del tipo que se conocerá hoy.

Con esta sentencia la Corte ratificará la misma jurisprudencia a la que apeló en anteriores entuertos con medidas cautelares que han enfrentado al oficialismo y a la oposición. El más reciente fue el rechazo de una apelación que le había llegado pidiendo que la ley fuera declarada nula al haberse violado los reglamentos del Congreso en el momento de su aprobación. Legisladores opositores se quejaron de que el despacho que se aprobó fue modificado en el mismo recinto minutos antes de iniciarse la sesión y que eso les había impedido conocer qué texto se votaría.

La impugnación al artículo de desinversión en la ley de medios es el corazón de la norma que entiende que una concentración de medios sirve al abuso de la posición dominante de grupos de medios. Se basa para eso en experiencias del extranjero que, por ejemplo en los Estados Unidos, le pone límites a la cantidad de medios que puede tener un grupo de empresas en el mismo mercado. Miguel Pichetto, vocero del oficialismo en esta pelea, advirtió en las últimas horas que la ley carece de valor sin ese artículo 161 que es objeto de la cautelar. «De no aplicarse se estaría beneficiando a las empresas concentradas de medios», agregó.

El Gobierno ha emprendido esta puja con los medios que considera agresivos a su agenda imponiendo el año pasado la aprobación de esta ley de medios audiovisuales que en realidad fue elaboraba por el Gobierno de Fernando de la Rúa. Uno de los redactores, el radical Gustavo López, estuvo en aquel Gobierno y ahora se desempeña como subsecretario de la Presidencia, cargo desde el cual es un vocero en favor de la aplicación plena de la nueva ley.

Esta norma ha sido combatida por empresarios y opositores también en otros flancos. Esta semana debió comenzar a aplicarse una nueva grilla ordenadora de las señales en cadenas de cable dispuesta por el Gobierno. Otras medidas cautelares han impedido que eso ocurra beneficiando a los quejosos que impugnan la potestad del Estado para ordenar canales en dial de cadenas de propiedad privada.

Las presiones sobre la Corte que tuvieron su paroxismo en el acto de Bonafini en la escalinata de Tribunales son las más fuertes que haya tenido ese tribunal. Incluso superan las que hizo en 2002 el Gobierno de Eduardo Duhalde cuando temía que se votase una sentencia en contra de la pesificación y en favor de la dolarización de la economía que había heredado de administraciones anteriores. En la última semana de 2002 el Gobierno Duhalde creía que la Corte dictaría esa sentencia y anunció que daría un discurso reclamándole al tribunal que diera un paso al costado. El Palacio de Tribunales estaba acosado en aquel momento por deudores de créditos hipotecarios amenazados de embargos. En ese clima el dólar llegó a pagarse, a dos meses de la devaluación, a cuatro pesos. Duhalde no dio el discurso, la Corte avaló la pesificación y se cerró esa crisis.

El clima es hoy muy otro, pero la estridencia de oficialismo y oposición contra la Corte es mayor que entonces aunque con consecuencias, si se produce la acordada que avala la confirmación de la cautelar sobre el artículo 161, también muy diversas.

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