La deuda crece sin parar

 La información que la Corte Suprema le pidió ayer a la ANSES a través de una resolución resume una historia de fracasos que se remonta a toda la democracia, por poner un punto de inicio, y que el kirchnerismo no ha podido resolver. Y en esto las culpas son compartidas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Está claro que la deuda que el Estado tiene con los jubilados por liquidaciones más realizadas en los haberes o falta de actualización es hoy impagable, al menos en lo inmediato y en su conjunto. El problema es hacia dónde evoluciona el conflicto, y allí se ve claramente que no existe una solución de fondo a una crisis que sigue incorporando unas 10.000 demandas por mes, cuando los fondos disponibles que tiene la ANSES alcanzan para cancelar por año no más de 20.000 sentencias judiciales por reajustes.

Involucrados

En el pedido de ayer de la Corte se incluyen desde expedientes que aún están en la vía adminsitrativa hasta las sentencias judiciales de jubilados contra la ANSES en primera instancia y en Cámara.

Ese stock tiene una actualización que sigue incrementando el monto de las demandas. La historia arrancó sin solución en el Gobierno de Raúl Alfonsín. El de Carlos Menem no hizo otra cosa que incrementarlo hasta límites impensados: Domingo Cavallo no sólo logró sancionar la jubilación privada quitándole recursos al sistema público residual, sino que la lógica de la propia convertibilidad cerró la posibilidad a las actualizaciones de haberes y sólo acumuló demandas. Además, Cavallo inauguró una práctica que no abanonó ninguno de los gobiernos que lo siguieron, incluido el actual: se estableció que las sentencias judiciales previsionales se pagarían sólo hasta el monto que estableciera cada año el Presupuesto nacional. Allí se aceleró la acumulación de deuda, ya que, obviamente, el monto que se asignaba en esa partida anualmente siempre fue más que insuficiente para afrontar las demandas pendientes.

Tras el fallo Badaro, la Corte Suprema puso en mora formalmente al Estado por la falta de actualizaciones; vino luego el pronunciamiento exigiendo la aplicación de una movilidad que la doctrina fija en el 82% de los haberes, pero no se aplica. Desde hace dos años, tras la sanción de una ley de actualización bianual, la deuda sigue acumulándose y la emergencia continúa.