1 de abril 2009 - 01:52

La economía no le dio respiro en lo que fue “la década perdida”

El papa Juan Pablo II es recibido en la Casa de Gobierno por el presidente Alfonsín, en abril de 1987.
El papa Juan Pablo II es recibido en la Casa de Gobierno por el presidente Alfonsín, en abril de 1987.
Cuando Raúl Alfonsín asumió el Gobierno, la situación económica y social que imperaba en el país era sumamente complicada. Tampoco ayudaba el contexto externo. Le tocó gobernar durante gran parte del período que se ha dado en llamar «la década perdida» en Latinoamérica.

Un año antes, en 1982, tras no obtener la refinanciación de los préstamos externos, México detonó la crisis de la deuda externa al declarar la moratoria. Esto complicó el acceso de toda la región a las fuentes de financiamiento externo.

A nivel local, la deuda externa había crecido más de cinco veces entre 1975 y 1983, al pasar de u$s 7.900 millones a u$s 45.000 millones.

El Gobierno radical se enfrentaba además con un cuadro de retraso salarial y de aumento de la pobreza, que pasó del 5% en 1975 al 37% en 1982 en el conurbano bonaerense.

En una primera etapa, la política económica implementada se pareció al programa de la administración radical de Umberto Illia aplicado a comienzos de los 60, el cual se caracterizaba por un marcado nacionalismo económico.

Bernardo Grinspun comandó el primer equipo económico integrado con varios técnicos de aquel Gobierno radical. Por aquellos días, Alfonsín y sus máximos colaboradores, enarbolados bajo el lema de campaña de que con la democracia se come, se educa y se cura, creían que con el retorno de las instituciones democráticas podrían satisfacer las urgencias de la población.

A poco tiempo fue insoslayable que con ese esquema económico clásico del radicalismo, no se alcanzaban las soluciones que exigía la sociedad. A fines de 1984 el salario real había aumentado un 35%, pero la inflación alcanzó el 625% anual.

En febrero de 1985 asumió el Ministerio de Economía Juan Vital Sourrouille con el objetivo prioritario de combatir la inflación. El 14 de junio, se lanzó el Plan Austral (que este diario adelantó en exclusiva) dando nacimiento a una nueva moneda, el austral, y congelando todos los precios de la economía, a la vez que se estableció un mecanismo de desagio para desindexar los contratos.

El Austral fue un programa no monetarista pergeñado sobre la idea de que en una economía que venía desenvolviéndose por décadas con una alta inflación, como la argentina, el camino para recuperar la estabilidad era frenar la inflación inercial, o sea la anticipación de la inflación por parte de los agentes económicos. Una vez conseguido esto se podrían atacar las causas estructurales de la inflación como el elevado déficit fiscal.

El plan funcionó bien al principio. En octubre de 1985 la tasa de inflación mensual fue sólo del 2%. Así, la estabilidad económica recuperada resultó crucial para el amplio triunfo electoral del radicalismo en las elecciones parlamentarias de noviembre de ese año.

Sin embargo, un año después la inflación volvió a mostrar una tendencia ascendente y los precios relativos de cada sector comenzaron a verse afectados. Esta situación se vio agravada por la fuerte caída de los precios de los principales productos de exportación (la baja promedio fue del 40%).

El camino escogido por el Gobierno fue anunciar una flexibilización de las estrictas normas de congelación de precios establecidas un año atrás, pero esto no dio gran resultado.

Para 1987 comenzó a hacerse evidente que era necesaria una reforma económica estructural que resolviera la brecha entre recursos con que contaba el Estado y las funciones que desarrollaba. El desfinanciamiento crónico del Estado ya no podía ser resuelto ni recurriendo a los fondos previsionales, ni por el endeudamiento interior y exterior, ni por la emisión monetaria.

En julio de 1987 los ministros de Economía, Sourrouille, y de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, anunciaron conjuntamente un paquete de medidas para la reforma del sector público.

Según palabras de los propios ministros, el diagnóstico indicaba que las múltiples funciones del Estado que fueron surgiendo en el último medio siglo, no por un capricho ideológico, sino al calor de un consenso social más o menos espontáneo, ya no podían ser abarcadas con la debida eficiencia ni solventadas sin afectar la estabilidad. De modo que para avanzar hacia un crecimiento diferente era preciso actuar sobre una pieza clave en el engranaje de la vida nacional, el Estado. El Gobierno se propuso así profundizar el proceso de reformas, pero con el fin de construir un nuevo tipo de Estado y no sólo resolver los problemas estructurales a través de los clásicos modelos de ajuste.

La administración alfonsinista no pudo avanzar mucho en este plan de reforma del Estado, en parte por la oposición del peronismo en el Congreso, y en parte porque los partidos políticos populares de entonces, incluida la UCR, se encontraban sumamente comprometidos con las ideas estatistas y nacionalistas que habían dominado la mayor parte del siglo XX (irónicamente estas reformas serían realizadas drásticamente durante el Gobierno peronista de Carlos Menem).

Entre las transformaciones económicas estructurales diseñadas por el Gobierno de Alfonsín, merece destacarse la iniciación de un proceso de integración económica con Brasil, Uruguay y Paraguay que dio origen al Mercosur. Esta iniciativa ha sido considerada como el legado más perdurable de toda la política económica de su período.

En abril de 1988, la Argentina entró en moratoria del pago de la deuda externa. En agosto la inflación trepaba al 27,6% mensual. Con este devenir económico, en octubre el Gobierno no tuvo más remedio que poner en práctica un nuevo de plan de ajuste, el Plan Primavera, cuyo objetivo primordial era poder llegar a las elecciones con la economía más o menos bajo control. El programa consistía básicamente en un acuerdo de moderación del aumento de precios con la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y un nuevo régimen cambiario, en el que el Estado intermediaba en la compra y venta de divisas.

El Plan Primavera duró poco. Los operadores lo rechazaron, no generó confianza y adicionalmente a comienzos de 1989, el Banco Mundial suspendió su ayuda a la Argentina. A finales de enero se inició una corrida masiva hacia el dólar. La inflación, que en febrero de 1989 era del 9,6% mensual, alcanzó el 78,4% en mayo, mes de las elecciones presidenciales, adelantadas por decisión del Gobierno.

En 1989 sobrevino la hiperinflación y el nivel de pobreza alcanzó en octubre el récord histórico del 47,3% desde el 25%.

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