14 de marzo 2011 - 00:00

La Federal frenó ocupación en predio de Bonafini en Soldati

Horacio Rodríguez Larreta
Horacio Rodríguez Larreta
La Policía Federal debió intervenir para evitar una nueva ocupación de viviendas en la zona de Villa Soldati, en un complejo en construcción a cargo de la Aso-ciación Madres de Plaza de Mayo.

Se trata de un obrador de la Fundación Sueños Compartidos, que encabezan Hebe de Bonafini y el abogado Sergio Schoklender, vecino del que fue ocupado hace más de una semana. En cuanto a la toma en Parque Avellaneda, la puja entre los gobiernos nacional y porteño continuaba ayer y dilataba una resolución acerca de la orden judicial de desa-lojo.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré, recibió una denuncia acerca de que este fin de semana se produciría un intento de toma de las viviendas construidas por Sueños Compartidos sobre la avenida Castañares. En ese lugar, las Madres de Plaza de Mayo comenzaron la obra para la construcción de un complejo de 780 departamentos, de los cuales 220 se destinarán a vecinos del asentamiento Autopista 7, también conocido como Villa Cartón. Un incendio en 2007 corrió a los habitantes de ese predio debajo de la autopista, a la altura de Lacarra y Cruz.

La denuncia fue realizada por la propia entidad que lidera Bonafini. Desde la cartera de Seguridad debieron ordenar un refuerzo del personal de Policía Federal que impidió la toma del obrador.

A metros de ese lugar, continuaba ayer la pulseada entre gobiernos frente a la orden de desalojo dictada por el juez federal Luis Armella sobre las viviendas ocupadas en Castañares y Lafuente.

Mientras el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a culpar al Gobierno nacional de «no cumplir» el mandato judicial, desde el Ejecutivo dijeron que la Policía Metropolitana tiene la responsabilidad de producir el desalojo, y que sólo en ese caso la Federal actuará para organizar un perímetro de seguridad. Pero que en tanto, la Policía Federal no forzará desocupación alguna.

Más allá de las discusiones públicas, ambas administraciones tendieron durante el fin de semana algunos puentes de negociación discretos con los ocupantes del predio. El diálogo incluyó la provisión de alimentos y productos para la atención de los menores de edad. De ese modo, esperan convencerlos de la necesidad de abandonar las viviendas sin ofrecerles una solución alternativa.

En el Gobierno nacional creen que el Ejecutivo porteño forzó la intervención de Armella al apuntar que la ocupación se concretó sólo sobre viviendas destinadas a los habitantes del asentamiento El Pueblito, una solución que había reclamado el juez federal de Quilmes. El magistrado había ordenado reubicar a las familias de El Pueblito desde julio en las nuevas construcciones en Soldati a cargo del Gobierno de la Ciudad.

«Se construyeron 204 viviendas, de las cuales había unas 40 destinadas a la gente de El Pueblito. Es poco creíble pensar que todas las que ocuparon eran las que estaban reservadas para la gente del asentamiento amparado por el juez Armella», dijeron en la cartera de Seguridad. De otro modo, razonan en el Ministerio, la denuncia por la ocupación debía recaer en la Justicia porteña, lo que no hubiese dado lugar a la intervención pedida a la Policía Federal para el desalojo.

En tanto, Garré presentará hoy un nuevo Plan Integral de Seguridad que incluirá un protocolo de intervención policial para las zonas linderas del Riachuelo. Lo hará ante el presidente de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi, secretario de Ambiente, y desde Seguridad dijeron que apuntará a ejecutar los mandatos de la Corte Suprema y del juez Armella.

Ese plan contemplará, entre otros puntos, la coordinación de las fuerzas federales ante una eventual ocupación de terrenos mediante la «saturación de efectivos» en el lugar para luego forzar una negociación. También dará precisiones sobre el dragado del Riachuelo, otro de los puntos sobre los cuales Armella y la Corte pidieron precisiones.

En paralelo, la ministra y su segunda en el cargo, Cristina Caamaño, presentarán esta semana una denuncia penal contra los presuntos instigadores de la toma en Villa Soldati. En esa cartera dijeron haber identificado a tres personas, de influencia y actuación en la villa 1-11-14, como responsables de haber empujado a casi un centenar de familias a ocupar viviendas que estaban destinadas a vecinos de la ribera del Riachuelo.

Los funcionarios que están a cargo de la investigación dijeron no tener constancias de una eventual filiación política de los presuntos instigadores, pero sí de sus antecedentes frente a ocupaciones similares.

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