La Iglesia, preocupada por delegación de facultades

El organismo de la Iglesia Católica integrado por laicos, como es la Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJyP) de la Conferencia Episcopal Argentina, se manifestó acerca del DNU de Javier Milei y de la llamada “ley ómnibus”. La Comisión sostuvo la necesidad de más tiempo para el debate y si bien dijo que no todas las propuestas son negativas, “muchas dejan desprotegidas a las personas.”

La Comisión expresó “preocupación” por las medidas contenidas en el DNU y advirtió que el proyecto de ley promueve “una delegación de facultades legislativas” al Ejecutivo que, de aprobarse, “configuraría un posible escenario que dañaría en forma grave la conformación de la República”.

El organismo de la Iglesia católica dijo en un comunicado que “es imprescindible la participación plena y oportuna de todos los poderes del Estado, conforme lo establece nuestra Constitución para asegurar un marco republicano, con la escucha a los actores de la sociedad civil, a las instituciones y sectores reconocidos en temas particulares que de alguna manera son afectados por las medidas propuestas”.

Resaltó que incluir las voces de estos sectores de la sociedad civil en el debate puede ser un “aporte para delinear alternativas superadoras”, sobre todo “aquellas que afectan a los más débiles, los más pobres, las infancias, los jubilados, las personas con discapacidad”.

“Expresamos nuestra preocupación al tiempo que reiteramos nuestra puesta al servicio incondicional para el desarrollo de los diálogos imprescindibles que permitan dar el debido cauce a las propuestas del Poder Ejecutivo Nacional , indicó la Comisión.

Sobre la “ley ómnibus” advirtió que de aprobarse “se configuraría un posible escenario que dañaría en forma grave la conformación de la República por la afectación del principio fundamental de la división de los poderes del Estado” y cuestionó que para su tratamiento en extraordinarias se haya dado tiempo “sólo hasta el 31 de enero próximo”.

Para la Comisión, las políticas de Estado “sólo son posibles a través de la construcción de consensos sociales y políticos” que integran el “contrato histórico que la democracia asume como forma de gobierno del conjunto” y con un “sentido inclusivo, republicano y federal”. Además el organismo sostuvo que es “indispensable que todas las modificaciones sean suficientemente debatidas, buscando la construcción institucional de consensos que permita discernir en cada punto la bondad de la medida o su inconveniente en orden al bien común”.