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La Justicia es la que garantiza elecciones
Es cierto que en la Argentina no tenemos organismos tan poderosos como el Consejo Nacional Electoral de Venezuela o como el IFE de México. Pero mantenemos la independencia judicial en un sistema representativo y republicano con separación de poderes.
Todas las tareas que caracterizan la función electoral se encuentran a cargo exclusivamente de la Justicia Nacional Electoral. El Ministerio del Interior, a través de la DINE, asiste instrumentalmente en la provisión de elementos y/o materiales, como también participa en materia de capacitación, si la Justicia se lo requiere. Aun cuando tiene a su cargo la distribución de aportes públicos y espacios en los medios de comunicación, lo cierto es que carece de capacidad decisoria al respecto, pues se limita a ejecutar la asignación de los recursos previstos expresamente en la reglamentación.
A través de muchas de sus sentencias, la Cámara Electoral les ha hecho saber a los poderes políticos la necesidad de reglamentar algunos aspectos en materia electoral. Los ejemplos más recientes se encuentran en los diversos planteos centrados en la publicidad oficial en tiempos electorales. En tal sentido, en los fallos "Fútbol para todos" (Fallos CNE N° 4734/11) y "ADC" (Fallos CNE N° 5053/13) -especialmente en este último- se solicitó directamente al Congreso que arbitre los medios necesarios para contar con leyes más equitativas.
Las elecciones son un acto de soberanía popular y en su compleja organización no sólo participan la Justicia Electoral y el Ministerio del Interior, sino también el Correo y el Comando Electoral integrado por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad.
El balance de las PASO fue muy positivo, al igual que lo será para las elecciones generales del 27 de octubre. Lo primero que tenemos que decir es que hemos tenido una participación muy alta. Así, los datos a la fecha señalan que la concurrencia a las urnas fue mayor al 76% del padrón, índice muy alto, tanto más para una elección primaria y legislativa.
Por otra parte, tuvimos el debut del voto joven, que enriqueció la amplia participación política de nuestro país, se registró una gran cantidad de candidaturas femeninas oficializadas, se realizó con total normalidad el sufragio de los electores bajo prisión preventiva y también se lograron mayores garantías para el voto de las comunidades aborígenes.
Se estrenó un nuevo modelo de padrón, producto de un diálogo fecundo entre la Justicia Electoral y el Ministerio del Interior, y más allá de algunas dificultades menores en la entrega de los troqueles o problemas de documentación, el acto se desenvolvió con regularidad, redoblándose otra vez los esfuerzos para contar con autoridades en las mesas de votación, a través de registros voluntarios.
Si bien nos debemos algunos debates en materia electoral, estamos en condiciones de afirmar que nuestro sistema electoral es confiable, aunque existan cuestiones por mejorar. La propia Cámara Nacional Electoral se ha pronunciado mediante una acordada -Nº 87/11- donde expresó la conveniencia de evaluar la instrumentación de un sistema de boleta única, en el que se encuentre a cargo del órgano electoral su confección y suministro. Ello así, pues el problema sigue siendo la cantidad de boletas que uno encuentra en el cuarto oscuro, situación que puede agravarse cuando se realizan a la vez las elecciones nacionales con las provinciales.
En síntesis, desde la Justicia Electoral se siguen realizando los esfuerzos necesarios para que las próximas elecciones generales transcurran con la misma normalidad y transparencia que las primarias, porque no hay que olvidar que la elección es un acto de participación ciudadana. Desde la Ley Sáenz Peña las elecciones están a cargo de los jueces. Primero para organizar la elección y luego para juzgar sobre ella.
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