La ONU amonestó al Gobierno por falta de libertad gremial

La ONU amonestó al Gobierno argentino por su política en materia de libertad sindical. Lo hizo a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) sobre la base de la falta de adecuación de la legislación sindical a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El planteo se asemeja al que realizó varias veces, en los últimos años, la propia Conferencia de la OIT.

Según informó la línea de la CTA encabezada por el estatal Pablo Micheli, el comité de la ONU le reclamó al Gobierno acomodar su legislación a los fallos de la Corte Suprema que extendieron los derechos de los gremios simplemente inscriptos y de sus delegados, hasta casi equipararlos con los de aquellos que cuentan con la personería gremial, es decir su pleno reconocimiento.

El Comité DESC se refirió a un fallo favorable a la Asociación de Trabajadores del Estado, que en 2008 determinó que no es necesario estar afiliado a un sindicato con personería para presentarse como candidato a ser delegado gremial. También aludió a una resolución del año siguiente del máximo tribunal, que benefició a Adriana Rossi en una demanda contra el Estado nacional al concederle, como delegada de un gremio simplemente inscripto, el mismo grado de cobertura que el de uno de un sindicato con pleno reconocimiento.

Dilaciones

Otro señalamiento del organismo de la ONU se refirió a las «dificultades y dilaciones en el registro de las asociaciones sindicales por parte del Ministerio de Trabajo», al tiempo que le exigió al Estado nacional asegurar «que los trámites de inscripción gremial se resuelvan en un tiempo razonable». En lo formal, la cartera laboral debería resolver en no más de 90 días esos trámites, pero en la práctica, que por lo general coincide con sindicatos no alineados con la CGT, las gestiones llegan a extenderse por años.

También se manifestó preocupación, siempre según la CTA disidente, respecto de «los actos de represalia antisindical, entre los que se cuentan el despido de trabajadores por su participación en actividades sindicales, y los actos de violencia contra los miembros y dirigentes de las asociaciones sindicales».

Los resultados del informe, que el comité emitió el viernes último, fueron expuestos en una reunión que la CTA de Micheli mantuvo ayer con el nuevo presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Argentina, monseñor Jorge Lozano. Lozano había tenido un encuentro similar el lunes con el jefe de la CGT, Hugo Moyano.