"¿Dónde está Amarildo?". Esta pregunta fue lanzada hace dos semanas por familiares y vecinos de Amarildo de Souza, días después de que desapareciera. Los habitantes de Rocinha realizaron desde ese entonces varias manifestaciones callejeras y obtuvieron la adhesión del resto de Río, que reprodujo la pregunta en Twitter.
El gobernador Sergio Cabral prometió investigar el caso, y los cuatro policías que detuvieron al obrero fueron separados de sus funciones. Pero aún no hay pistas de qué le pasó.
Por razones todavía ignoradas, las dos cámaras de vigilancia que operaban delante de la comisaría de la UPP sufrieron un desperfecto justo el día que el obrero fue a declarar.
El grupo Río de Paz se sumó ayer a las protestas y las amplió: en una manifestación realizada sobre la playa de Copacabana -que en la última semana recibió a unos tres millones de personas para celebrar al papa Francisco y la Jornada Mundial de la Juventud-, la organización dispuso diez muñecos con las caras tapadas, como símbolo de las personas que desaparecieron en las favelas. La protesta terminó con el entierro simbólico de los diez muñecos bajo la arena, en una muestra de la convicción de que, como ocurrió con opositores de la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, los desaparecidos están en realidad muertos.
"Es preocupante que un ciudadano desaparezca luego de haber sido llevado a prestar declaraciones a la Policía en la sede de la UPP de Rocinha. Ello demuestra la fragilidad de la democracia en algunas áreas de la ciudad", expresó el asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río, Guilherme Pimentel.
Según el Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (IBASE), el caso de Amarildo se suma a varios otros de personas que desaparecieron en áreas supuestamente beneficiadas por el programa de Cabral de expulsar a narcotraficantes que controlaban favelas y ofrecerles una Policía "comunitaria", y no "represora".
El primer caso ocurrió el 12 de junio de 2011, cuando André Ferreira, de 19 años, fue muerto de un balazo en la espalda cuando iba a una fiesta en la favela Pavao-Pavaozinho, ubicada entre las playas de Copacabana e Ipanema. Los policías justificaron los disparos alegando que el joven tuvo una "reacción brusca" cuando fue contactado por los agentes.
La organización Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia, creada por habitantes de favelas y comunidades pobres de Río, ha denunciado varios casos más de habitantes de barriadas que han sido muertos o heridos por policías, incluso en los lugares "pacificados".
En un estudio reciente, el IBASE destaca que los agentes de las UPP suelen tratar a los habitantes de las favelas como sospechosos, lo que genera un ambiente de inseguridad en esas comunidades, que vivieron por décadas con miedo a la violencia de los narcotraficantes y ahora temen las arbitrariedades policiales.
"En el (cerro) Santa Marta, una de las principales demandas de los vecinos que participaron en una marcha de protesta fue la liberación del uso de la cancha de la propia comunidad. La UPP coordina el uso del lugar y reprime eventos realizados por los habitantes. En otras comunidades, hay denuncias de que policías ingresan en las casas para hacer terminar fiestas y prohíben el uso de música funk", afirma.
El caso de Amarildo de Souza se convirtió en un símbolo de la incertidumbre y del miedo que son rutinarios para los habitantes de la favela. La gran diferencia es que, esta vez, el resto de la sociedad se sumó a la presión por que se aclare qué le pasó al obrero.
| Agencia DPA |
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