El presidente Juan Manuel Santos dijo desde un comienzo que los ciudadanos tendrían la última palabra a través de un plebiscito por la magnitud del proceso de paz pese a que las FARC pretendían que se llevase a cabo una Asamblea Constituyente. Con la convocatoria a las urnas, el mandatario busca que las negociaciones no se circunscriban al Gobierno y las FARC, sino que abarque a todo el país, aunque la situación no parece tan sencilla.
Si bien el 2 de octubre los colombianos podrán respaldar los acuerdos, lo que implica la desaparición de las FARC como grupo armado y una notable reducción del conflicto que empezó en 1964, no se puede soslayar el hecho de que un importante sector del país pretende rechazar lo pactado en La Habana.
Las primeras encuestas publicadas en los últimos días muestran una alta abstención y una estrecha diferencia entre el "sí y el "no", por lo que a estas alturas la situación parece incierta. La Corte Constitucional dio vía libre al plebiscito hace algunas semanas y dijo que su resultado debe ser vinculante para el Gobierno.
Interrogado sobre las consecuencias de un eventual rechazo de los acuerdos, Santos sostuvo que eso significaría la continuación de un conflicto que en 52 años deja más de 220.000 muertos, casi seis millones de desplazados y al menos 50.000 desaparecidos. De acuerco con el analista político Ariel Ávila, una victoria del "no" dejaría a Colombia en una situación de total incertidumbre que pondría al borde del abismo casi cuatro años de negociación y la posibilidad más cercana en 52 años de acabar con el conflicto. Ávila considera que jurídicamente existiría la posibilidad de aplicar los acuerdos a pesar del eventual triunfo del "no", pero que políticamente sería una situación insuperable para las autoridades.
Tras el final de la negociación, lo que vino es la publicación total de los acuerdos y su presentación formal al Congreso por parte de Santos, un requisito para pedir la aprobación del plebiscito (ver aparte). Además de los trámites parlamentarios que apenas comienzan, el Gobierno y las FARC deben definir la fecha y el lugar de la firma solemne del acuerdo de paz por parte de Santos y Rodrigo Londoño, alias "Timochenko" o "Timoleón Jiménez", el comandante del grupo guerrillero.
Aunque esto parezca un simple trámite de rigor, la fecha es importante porque se trata del "día D" que marca el inicio de una fase ya establecida para que los cerca de 8.000 miembros de las FARC empiecen a concentrarse en 31 sitios específicos para preparar su reincorporación a la vida legal y el desarme.
La campaña de cara al plebiscito se vislumbra tan intensa como la de unas elecciones presidenciales y las posturas de los partidos ya se conocen.
La alianza gobernante Unidad Nacional pide que los acuerdos sean refrendados con el respaldo de la oposición de izquierda y partidos independientes. A su vez, el partido de derecha radical Centro Democrático, dirigido por el expresidente Álvaro Uribe, visto casi con veneración por un importante sector del país, pide que se vote por el "no".
| Agencia DPA |
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