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La ruptura de la CTA llegó hasta el plano inmobiliario
El debate está judicializado porque Hugo Yasky desconoce ese dictamen, llevó el planteo a tribunales y consiguió que el Gobierno, a través de Carlos Tomada, prorrogue su mandato hasta que la Justicia se expida sobre la cuestión de fondo: la validez de la elección complementaria en la que se negó a competir.
De ese modo, la ruptura entre la CTA filo-K y la anti-K llegó al plano inmobiliario. Así como en el pasado, la CGT explicitó sus fracturas con la creación de sedes autónomas (la CGT Azopardo, o la CGT Brasil), ahora la central ceteísta repite ese formato.
El grupo de Micheli deja de pulsear por el control del edificio de la calle Piedras y se muda a un nuevo complejo. En aquel seguirá funcionando el sector de Yasky que desconoce la victoria de Micheli al igual que éste desconoce la prórroga de mandato hecha sobre la conducción del docente.
Ese pulseo tuvo como epicentro el tironeo por las oficinas: el 14 de diciembre pasado, Micheli asumió el cargo de secretario general y ocupó una oficina en la sede de Piedras al 1000, donde en otro despacho atendía, resistiendo la entronización de su exaliado, Yasky.
Ayer, en tanto, la CTA michelista se movilizó para reactivar el antiguo reclamo de esos gremios: que el Gobierno le otorgue la personería gremial a la central paralela. Para eso, las columnas marcharon por el centro porteño hasta el Ministerio de Trabajo.
Los argumentos son los que, hace años, exponen los gremios que no están integrados a la CGT que encabeza Hugo Moyano, invocando reclamos de la OIT y el derecho a la libertad sindical, que fue auspiciado con distintos fallos por la Corte Suprema.
En algún momento, cuando Víctor De Gennaro conducía esa central, Kirchner estuvo a punto de otorgar la personería pero existió un fuerte lobby de la CGT para que el entonces presidente no tome esa decisión.
La alternativa se barajó más de una vez pero, como se sabe, nunca se concretó. La ruptura de la CTA, luego de una elección plagada de denuncias y tensiones, pareció alejar más que nunca la posibilidad de que desde la Casa Rosada aparezca la decisión de otorgar el reconocimiento legal.


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