Unas cinco mil personas, convocadas por el Movimiento Pase Libre, participaron en las manifestaciones, y en San Pablo una parte de los activistas logró burlar el bloqueo de las fuerzas de seguridad e invadieron la Avenida Paulista. La principal arteria de la ciudad fue escenario de choques con la Policía, mientras se destrozaron las vidrieras de varios bancos, y dos colectivos fueron incendiados.
Los jóvenes que encabezaron la protesta en San Pablo, donde hubo 20 detenidos, reconocieron que la marcha se salió de control y acusaron a la Policía por lo que definieron como una "absurda represión". "Nosotros no tenemos el control, quedó claro que las manifestaciones se transformaron en una revuelta popular", dijo Nina Cappello, estudiante de abogacía y miembro de la conducción del movimiento, integrado por universitarios y agrupaciones de izquierda.
El Gobierno nacional manifestó ayer su repudio frente a la tercera movilización violenta en menos de una semana, la cual ocurrió pese a la mediación de la presidenta Rousseff, quien destinó fondos federales para subsidiar las tarifas de colectivo y subte que originalmente iban a aumentar a 3,4 reales (1,7 dólar) y finalmente subieron de 3 a 3,20 reales (1,5 dólar).
"La libertad que la Constitución garantiza es la libertad de expresión, no la libertad de agresión", declaró el vicepresidente Michel Temer, mientras el alcalde de San Pablo, Fernando Haddad, afirmó que "las personas no están haciendo uso adecuado de la libertad de expresión" y calificó a los métodos de las protestas como "desaprobados por la sociedad".
El precio del transporte público en Brasil es muy elevado en relación con el sueldo básico de los trabajadores. Se calcula que el gasto promedio mensual en ese servicio es de 200 reales (100 dólares), cuando el salario mínimo es de 678 reales (339 dólares).
"Estamos protestando porque realmente pensamos que podemos hacer que se revea la decisión", que está en vigor desde el 1 de junio, afirmó uno de los manifestantes en San Pablo. En Natal, las marchas obligaron a las autoridades locales a rebajar las tarifas aumentadas de los transportes.
Diez de los detenidos en San Pablo continuaban ayer en esa condición ya que se les negó la fianza por estar acusados de "formación de asociación ilícita y causar daños al patrimonio público". En una decisión similar, la Policía de Río de Janeiro, donde las personas arrestadas son 31, informó que analiza la apertura de procesos por destrucción del patrimonio, arrojar artefactos y desobediencia.
Por su parte, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, ordenó una investigación sobre las manifestaciones. "Pedimos a la Policía Federal que haga un análisis de esta situación y, evidentemente, se tomarán algunas medidas, pues si bien tenemos que garantizar la libertad de expresión, en ningún momento podemos permitir el abuso o los daños al patrimonio", dijo.
Para calmar el descontento popular, Rousseff lanzó ayer el programa social Nuestra Casa, Mejor, dotado con 9.350 millones de dólares en créditos para que familias pobres adquieran electrodomésticos. La medida no sólo busca reconciliar a los sectores humildes con la mandataria, a un año de las elecciones, sino también a revertir los tibios números de la economía, promoviendo el consumo.
El plan beneficiará a los 3,4 millones de familias comprendidas en el plan Mi Casa, Mi Vida, permitiéndoles acceder a créditos de hasta 5.000 reales (2.500 dólares) pagaderos en 48 meses, con tasas de interés del 5% anual.
| Agencias ANSA y EFE, y Ámbito Financiero |
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