La vendetta española, con impacto limitado

En el Gobierno no avizoraban anoche sanciones relevantes por la expropiación a pesar de las fuertes amenazas provenientes desde Madrid. El eterno fantasma de una expulsión del país del selecto Grupo de los 20 no es fácil de concretar: España no pertenece a él. Paradojas de los foros internacionales. Distinto sería que la Unión Europea se solidarice con el Gobierno de Rajoy y lidere la embestida contra la Argentina. Aun así tampoco parecería que ello pudiera ocurrir fácilmente. El camino diplomático para esa expulsión es largo, desgastante e incierto, con el Gobierno norteamericano como árbitro principal, y Brasil y México, como eventuales defensores de la permanencia argentina en el G-20.

Lo más probable sí es que haya sanciones comerciales al país motorizadas por España. En ese caso, el costo a pagar sería el que tienen las triangulaciones habituales, con ventas a un país tercero, Brasil por ejemplo, que luego coloque el mismo producto en España o en la Unión Europea, en caso de extenderse el bloqueo. La recesión que atraviesa la economía ibérica crea el clima ideal para este tipo de medidas proteccionistas.

Otro camino posible abierto para España es el de buscar trabar en organismos internacionales los desembolsos de créditos a la Argentina como en 2011 hizo Estados Unidos. Pero también ello es complejo. En el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo el peso del Gobierno español es mínimo y el de la Unión Europea por sí solo tampoco alcanza. Además hay un factor adicional a tener en cuenta a la hora de considerar represalias: todavía existe una amplia lista de inversiones españolas en el país en sectores sensibles que van desde el juego hasta telecomunicaciones, energía y bancos. El CIADI, tribunal del Banco Mundial, será el destino obvio de los reclamos españoles. Allí la Argentina viene demorando los pagos, utilizando una picardía: ante los fallos en contra, solicita que se presenten en el país para el cobro, y luego ese pedido se pierde en la burocracia estatal, sin que el Congreso jamás autorice una partida de gasto a ese fin.

Ayer los papeles argentinos sufrieron por la medida. Es que quedó el temor de que pueden repetirse casos como el de YPF. Primero fueron las AFJP, después vinieron las reservas del BCRA, luego su Carta Orgánica y ahora YPF. El dilema es quién sigue en la lista. No pareciera que hubiera empresas que puedan seguir el mismo camino de YPF. Pero el temor está instalado en la plaza local.

En medio de la liquidación de los dólares de la soja no se aguardan bruscas oscilaciones en el tipo de cambio. Ayer el BCRA se hizo de u$s 50 millones para sus reservas. Marcó del Pont, en un almuerzo con banqueros extranjeros, ayer confesó que se enteró de la expropiación de YPF y aseguró que «si se hacen las cosas bien, no habrá mayores problemas». El problema es qué significa «hacer las cosas bien» para Marcó del Pont. Por lo pronto, en caso de haber mayor demanda de dólares en las sucursales de los bancos, es cuestión de dar un giro a la canilla a disposición del Gobierno que determina quién compra hoy. Hasta ahora, los depósitos en las cajas de ahorro en dólares están estabilizados. No habría mayores sacudidas en este segmento tampoco. Pero antes el 15% de los dólares que se adquirían terminaban en cajas de ahorro. Ahora el colchón es el único destino. Allí va el 100% de las compras. Así como el default en 2001, se crea la sensación de que la medida es gratuita. Pero en esta ocasión, ya por antecedentes de todo tipo, las inversiones extranjeras directas son rara avis en el país. Más allá de la sorpresa que generó la medida, especialmente en funcionarios de España, está en línea con las medidas que se vienen adoptando desde el Gobierno. Por ello es que además de que resulta difícil que haya «vendettas», tampoco puede haber impacto mayor en la economía. No se esperaba otra cosa.