Sintonía. El trabajo conjunto con los pobladores y las autoridades permitió un avance significativo para la región.
A una semana de que vuelva a entrar en vigencia la Ley de Tierras, cuya suspensión está supeditada a la aprobación en la Cámara de Diputados, comunidades indígenas y criollas, autoridades y organismos nacionales e internacionales presentaron en Buenos Aires una fórmula inédita por resolver pacíficamente conflictos por la ocupación de territorios.
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La experiencia tuvo como protagonistas a pobladores rurales del Chaco Trinacional (argentino, boliviano y paraguayo) quienes de la mano de organizaciones civiles como FundaPaz -de larga experiencia en esa zona- compartieron la experiencia en el Foro por el Acceso a la Tierra y el Agua que se realizó días atrás y en el que también se trató la problemática por la falta de agua potable.
En concreto, se trata del uso de la herramienta de Mapeo Territorial Participativo, y la negociación entre múltiples actores para llegar a soluciones duraderas y pacíficas. Se aplica en zonas en las que no hay mapas. Allí, las personas recorren el territorio que habitan, y marcan las distintas características del terreno.
El titular de FundaPaz, Gabriel Seghezzo, destacó "la importancia" del mapeo participativo generado por dirigentes indígenas y campesinos que con "su visión territorial permite generar un análisis de la situación en la que viven a la que de otra manera no se llega".
Por otro lado puso de relieve la realización del encuentro en la Ciudad de Buenos Aires porque "institucionalmente es importante para nosotros tener una mayor visibilidad" para que se conozca el trabajo que distintas organizaciones hacen en el norte argentino y de ese modo "tener una mayor incidencia en las políticas públicas relacionadas con las problemáticas de las poblaciones con las que trabajamos".
"Los mapas siempre han sido una herramienta de control y dominio, pero en este caso las comunidades se apropiaron del espacio y lo entendieron, porque son zonas en los que no hay había nada de información", aseguró la antropóloga Chiara Scardozzi.
El tesorero de Lhaka Honhat, Rogelio Segundo, advirtió: "El mapa nos sirvió para que cada comunidad sepa hasta dónde era su tierra, por ejemplo, pero estos mismos mapas los presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que le exija al Estado actuar en este caso".
En cuanto a la metodología, el coordinador Zonal Wichí Los Blancos, Néstor Montes, detalló: "Nos capacitamos para hacer el mapeo por el problema de la tierra, pero a medida que hablábamos con cada familia se abrían muchas otras dificultades, que se repetían en toda la comunidad".
La secretaria Zonal Campesina Los Blancos, Rebeca Soraire, dijo que "el mapeo nos mostró la gravedad de nuestra propia situación, ya que por ejemplo de 130 familias de la comunidad, 120 tenían problemas de tierra, y todas estaban sin agua".
Del foro también participaron el ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario de Salta, Luis Gomez Almarás; la subsecretaria Nacional de Hábitat y Desarrollo Comunitario, Marina Klemensiewicz; el constitucionalista, Daniel Sabsay y el secretario ejecutivo de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur, Lautaro Viscay.
"El Gobierno nacional está invirtiendo 3.200 millones de pesos en infraestructura en la provincia de Salta, la mitad del total está destinado al Chaco salteño", aseguró.
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