Larreta acelera cambios en el Código porteño para recibir traspaso de la Justicia

• LEGISLATURA MODIFICA NORMAS PROCESALES EN MATERIA PENAL Y PREPARA DESEMBARCOSon cambios de fondo en el sistema: más oralidad y facultades investigativas; menos plazos, apelaciones y dilaciones. De fondo, se reaviva pelea por intento de migrar a la Justicia nacional que continúa resistiendo. Todavía no hay plazos finales, pero se suma señal de aval de la Corte.

Horacio Rodríguez Larreta e Inés Weinberg de Roca

Horacio Rodríguez Larreta alista el primer cambio de fondo en la legislación porteña para preparar el terreno y recibir el traspaso de parte de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Son modificaciones al Código Procesal Penal porteño que reavivan la dilatada transferencia de tribunales (vacantes, primero), pero que cuenta con la resistencia de jueces, fiscales y empleados. La reforma que ya fue presentada a la Legislatura homologa ciertos aspectos investigativos con respecto a la esfera nacional, aunque de ser aprobada no garantiza plazos para que se efectivice la mudanza. Pero es un paso más hacia ese objetivo político, luego de que el tercer convenio de transferencia de delitos pasara a manos de magistrados locales. Y luego de que la Corte Suprema, reafirmara en un fallo la autonomía capitalina, en un nuevo gesto que preanuncia que avala la municipalización de la denominada "Justicia nacional".

Emilio Najenson angelicista y extitular de la IGJ porteña- fue el encargado de presentar los cambios como subsecretario de Justicia, junto con Marcela De Langhe, la jueza que es directora del Instituto Superior de Seguridad Pública y que suena fuerte para ocupar la vacante que dejaría Inés Weinberg de Roca en el Superior Tribunal de Justicia. La plataforma para los cambios normativos incluyó una encuesta realizada por el consejero juez Marcelo Vázquez, entre sus pares, para unificar criterios.

En lo formal, son 5 ejes apuntados a agilizar y "desformalizar" los actos procesales, con más instancias orales y plazos acotados; videoconferencias y notificaciones electrónicas, para incorporar tecnología en el proceso; inclusión de "derechos de las víctimas"; y ampliación de las facultades de los jueces para que puedan investigar delitos complejos. Existe otro problema a compatibilizar: el porteño es hace una década un sistema acusatorio con los expedientes con impulso fiscal, mientras que a nivel nacional continúa retrasada la implementación de este sistema, pese a que el interinato de Eduardo Casal garantiza al Poder Ejecutivo un alineamiento más auspicioso, luego de que hubieran renegado con Alejandra Gils Carbó. Parte de las críticas de los magistrados estaban centradas en la posibilidad de que los tribunales capitalinos comiencen a juzgar a los funcionarios públicos y su eventual connivencia para evitar investigaciones. "O los funcionarios eran buenísimos o los jueces, hasta ahora no investigaban mucho", lanzaron los operadores con ironía para rebatir ese argumento. "No hubo una sola causa contra funcionarios porteños que haya prosperado", completaron.

Las principales reformas que deberá aprobar la Legislatura son:

Cambios en el criterio de "peligro de fuga" que incorporan como riesgo una "sentencia condenatoria" a pena de cárcel efectiva y homologación de los plazos cuando se empiecen a migrar los expedientes y se inicien en la Justicia porteña.

Se regulan los tiempos para la investigación de un caso que culminará con la elevación a juicio por parte de la fiscalía que, en caso de ser anulados por el juez, deben ser reescritos en un plazo breve para evitar su vencimiento. El primer llamado al imputado suspenderá la prescripción del hecho, lo mismo que si se lo declara en rebeldía.

Las Cámaras de Apelaciones tendrán más posibilidades de rechazar "in límine" es decir de plano- apelaciones de las defensas.

Se aceleran todos los plazos de las apelaciones y se concentran los planteos defensivos, se considera la notificación electrónica para evitar dilaciones y se acuerda que testigos a más de 100 kilómetros de tribunales, declaren por videoconferencia y así evitar citarlos. También que las recusaciones a jueces sean definidas por la Cámara de Apelaciones en tiempo acotado.

Mayor oralidad y sistema de audiencias más ágil; unificación de querellas y alcances del concepto de víctima para su intervención de manera eficaz en el proceso. Alude a la protección de víctimas y testigos con medios electrónicos.

También cumplimiento de prisión domiciliaria con "tobillera" o medios electrónicos. Lo mismo que el monitoreo en casos de penas de ejecución condicional.

Incorpora como prueba la "individualización de personas" a través de un banco de ADN.

Habrá medidas restrictivas especiales cuando medie violencia de género e inhabilitación para conducir, cuando se trate de casos de seguridad vial.

Se endurecen las prisiones preventivas: los fiscales estarán obligados a solicitarla cuando soliciten a un imputado una pena de cumplimiento efectivo durante los alegatos del juicio, de manera de evitar posibilidad de fuga en la etapa de apelaciones. * El que resulte condenado en un juicio con pena mayor a tres años irá preso mientras se tramitan sus apelaciones.