Lavado: apuran medidas para lograr aprobación del GAFI

José Sbatella

El Gobierno trabaja contrarreloj para llegar al 23 de febrero, día en que se conocerá el resultado de la evaluación del GAFI sobre la Argentina, con las últimas resoluciones que buscan obtener el visto bueno del organismo que audita a los países en temas de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

En ese sentido, ayer la Unidad de Información Financiera (UIF) publicó una nueva norma que obliga a las sociedades de capitalización, ahorro y préstamo a requerir una declaración jurada sobre la licitud de los fondos cuando se realicen operaciones por montos de $ 40.000 o más.

De ahora en más, estas sociedades, conocidas generalmente por los planes de ahorro para compra de automóviles, deberán exigir a sus clientes la documentación que respalde el origen de los fondos cuando se realicen cesiones de un contrato de ahorro o título de capitalización vigente o de contratos renunciados o rescindidos, cancelaciones anticipadas, cambio de modelo del bien suscripto originariamente por otro cuyo valor sea mayor a un 50% del bien suscripto al momento del cambio, o una licitación realizada con efectivo.

La norma que obliga a estas sociedades a requerir a sus clientes una declaración jurada sobre el origen de los fondos ya existía, pero el monto para su cumplimiento era de $ 30.000 o más, y ahora pasó a $ 40.000.

La Resolución 34, publicada ayer en el Boletín Oficial, se suma a otras 17 que en el último mes la UIF dio a conocer. La anterior fue del viernes, y obliga a las sociedades y agentes de Bolsa a pedir a sus clientes una declaración jurada sobre el origen de los fondos cuando las operaciones involucren sumas de $ 40.000 o más.

Según fuentes de este organismo de control de lavado de dinero y financiación del terrorismo, restan publicar cuatro resoluciones más, antes del 23 de febrero. Ese día, y como parte del plenario del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que se va a llevar a cabo en París entre el 23 y el 25 de este mes, se conocerán el informe de la misión de alto nivel y el primer reporte de seguimiento intensificado de la Argentina.

La anterior evaluación sobre el país se conoció en octubre del año pasado. En 238 páginas, el reporte de evaluación mutua (uno de los mecanismos del GAFI para analizar a los países miembros) dio a la Argentina 100 días para demostrar la voluntad de luchar contra el lavado de dinero. Si en la revisión de febrero no encuentran que el país hizo lo suficiente, lo pueden considerar como «de riesgo». En concreto: son 49 las recomendaciones que deben cumplir los países que son parte del GAFI y, en octubre, se conoció que la Argentina incumplió con 42 (algunas de manera parcial y otras total).

La gestión actual en la UIF, a cargo de José Sbatella desde enero de este año, está ansiosa por saber el resultado de la nueva evaluación. Sostienen que será la primera que audite el trabajo de la UIF en 2010 (es decir, desde que Sbatella está al frente), ya que la anterior abarcó de 2004 a 2009. El resultado se sabrá en dos semanas.