Lección de economía: sube PBI, pero no el bienestar

El Gobierno federal podría pedir algo de dinero y con él pagar una cantidad fija (como resultaría de una reducción de impuestos) al ciudadano medio Joe, que elige pasar su tiempo libre sentado en casa viendo repeticiones de «Mork y Mindy». O bien puede utilizar el dinero para contratar a Joe para que se quede en casa y vea las repeticiones de «Mork y Mindy». Podría, si no, contratarlo para permanecer en su casa viendo repeticiones de «Family Feud», que a Joe no agradan tanto como las de «Mork y Mindy».
Las dos primeras posibilidades son idénticas en términos de las asignaciones finales y el bienestar económico: Joe hará la misma cosa y los flujos de dinero son los mismos. Pero su reflejo en las estadísticas macroeconómicas sería diferente: en el segundo caso, Joe está empleado produciendo un servicio estatal, lo que, en términos estadísticos, redundaría en más horas trabajadas y mayor PBI.
En la última alternativa, el nivel de empleo y producto serían iguales que en la segunda, pero el bienestar sería estrictamente menor. Joe, después de todo, es menos feliz viendo «Family Feud». Frente a la primera opción, habría mayor empleo, mayor PBI, pero menor bienestar.
Por lo general, el PBI es un indicador de bienestar económico según el cual más es mejor. Pero eso no es cierto en este ejemplo. Aquí el problema es que el PBI incluye las compras al costo. Si el Gobierno contrata gente para producir cosas sin valor, eso pesará en el PBI tanto como si estuviera comprando algo valioso. En su cálculo no se juzga la utilidad social del gasto público y alguien preocupado por el bienestar económico debe ir más allá del PBI.
La moraleja de la historia: si el Gobierno gasta el paquete de incentivo fiscal en bienes y servicios de escaso valor público (como en el último caso considerado), podría estimular la economía medida por los agregados macroeconómicos pero dejar a los agentes económicos en peor situación (frente a una alternativa viable, como la primera).
Evitar esta trampa exige que el Gobierno gaste esos dólares sólo en artículos que pasen una estricta prueba de costo-beneficio. Esto es difícil de hacer rápidamente. Gastar de cualquier manera es una buena forma de estimular la economía sólo si el resultado es juzgado con una mala medida.