El 18 de febrero de 2014, seis días después de los primeros tres decesos en los disturbios, López se entregó a la Justicia. "Si mi encarcelamiento vale para el despertar de un pueblo, valdrá la pena mi encarcelamiento infame", dijo López en una manifestación en una plaza de Caracas donde miles de seguidores lo recibieron como un líder.
Las marchas prácticamente diarias para reclamar contra la inseguridad personal, la inflación (56,2% en 2013 y 68,5% en 2014) y la escasez mantuvieron en vilo a Venezuela durante cuatro meses. Pero un año después, las masivas convocatorias de opositores al Gobierno del presidente Nicolás Maduro fueron reducidas a casi ninguna protesta de calle, pese a que la situación económica empeoró.
Sólo en algunos supermercados y farmacias se registran tumultos o protestas, debido a que los venezolanos deben hacer filas de muchas horas para conseguir productos básicos.
López dejó de asistir a su juicio que inició en julio cuando el tribunal desestimó la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que el 23 de septiembre pidió al Gobierno venezolano su liberación. A pesar de su ausencia, el juicio siguió adelante.
Desde que fue recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, a unos 30 km de Caracas, el dirigente del partido Voluntad Popular solamente se expresó al público por escrito y su rostro apenas fue visto a través de unas pocas fotografías.
El intento de los exmandatarios Andrés Pastrana (Colombia) y Sebastián Piñera (Chile) de visitarlo en la cárcel el 25 de enero fue infructuoso, e incluso Maduro lo interpretó como un gesto de apoyo a "un grupo de extrema derecha que desconoce al Gobierno y que está llamando a un golpe de Estado". Al día siguiente Colombia pidió la liberación de López, y en un desliz del lenguaje, el vicepresidente venezolano Jorge Arreaza definió al líder de Voluntad Popular como "preso político".
López podría ser condenado a 10 años de cárcel por delitos de "incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir". Su abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez declaró que el año de reclusión del político se caracterizó por la "sistemática vulneración de los derechos fundamentales", entre ellos la posibilidad de presentar pruebas de su inocencia. "El juicio no ha sido público. Por lo tanto, es nulo", denunció Gutiérrez, al agregar que se impidió el ingreso de periodistas, políticos y, más recientemente, la entrada a observadores internacionales. El abogado señaló que ha habido violación de la privacidad de las reuniones con su cliente, revisión de documentos por funcionarios de inteligencia militar y restricciones de visitas a López.
La semana pasada Human Rights Watch denunció como una "grotesca arbitrariedad" que "hombres encapuchados y fuertemente armados irrumpieron en su celda con el objetivo de intimidarlo y castigarlo. Destrozaron sus pertenencias, lo agredieron y se lo llevaron por la fuerza a una celda de castigo".
Tintori viajó en múltiples ocasiones para denunciar la detención de su esposo, que considera arbitraria. En la semana se reunió con Amnistía Internacional, organización que emitió un comunicado exigiendo su libertad. También fue a EE.UU., donde fue recibida por el vicepresidente Joe Biden y por José Miguel Insulza, secretario general de la OEA.
| Agencia AFP |
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