Ley de medios PRO en busca de envión final

La ley de defensa de la libertad de expresión impulsada por el PRO, en plena disputa entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, ya tramita en el Tribunal Superior de Justicia porteño.

La norma nació a partir de un decreto de necesidad y urgencia que firmó Mauricio Macri y que luego logró estatus de ley en la Legislatura. Una serie de planteos llevaron la disputa al tribunal, que tiene un plazo de 80 días para definir y que ya contempla la organización de una audiencia pública para enfrentar a las partes.

El jefe de Gobierno porteño anunció el decreto el pasado mes de mayo, cuando la Comisión Nacional de Valores (CNV) se declaró en condiciones de tener una mayor intervención en el management de aquellas empresas que tienen al Estado como accionista, entre ellas, el monopolio Clarín.

Esta ley es una de las claves de la estrategia judicial de Clarín; de ahí que sus propios abogados hayan dedicado los últimos meses a redactar artículos académicos para respaldarla en distintos ámbitos abogadiles.

En el esquema de estos letrados, ante un eventual revés en la Corte Suprema, la ley porteña podría ser un refugio a considerar.

La norma prevé la creación de un nuevo fuero para causas de libertad de expresión que se encuadra en el Poder Judicial porteño y que incluye a las empresas de medios con domicilio en la Capital. Mientras esos tribunales no estén habilitados, la autoridad a cargo es el Tribunal Superior.

El decreto fue transformado en ley por la Legislatura (al PRO se sumaron casi en forma automática la Coalición Cívica y Proyecto Sur, casi en un preludio de lo que luego sería UNEN) y el kirchnerismo inició acciones judiciales contra la nueva ley. La diputada Gabriela Cerruti logró una cautelar del juez contencioso de la Ciudad, Osvaldo Otheguy.

En paralelo, desde la Defensoría General Mario Kestelboim, uno de los referentes de la corriente Justicia Legítima, promovió una causa (aunque en realidad los escritos los firmó un abogado particular) que finalmente llegó al tribunal que preside Luis Francisco Lozano.

Este juez desempeña un rol central en el ámbito de la magistratura ya que desde hace meses preside la junta que agrupa a los presidentes de las cortes y los tribunales superiores de todas las provincias. Alejados de las grandes marquesinas que ofrece el fuero federal, estos jueces son, la mayoría de las veces, los encargados de resolver los expedientes de los ciudadanos comunes. Se trata de un grupo de interés para la Corte Suprema (de hecho, Lozano integra la lista de conjueces del máximo tribunal) y Ricardo Lorenzetti ha participado en sus tertulias.

En el tribunal de la calle Cerrito atienden también dos figuras antagónicas en su modo de entender el derecho y la política: por un lado Inés Weinberg de Roca, recientemente llegada al Tribunal con el auspicio del PRO en un peleada votación en la Legislatura, y por el otro, Alicia Ruiz, que también participa en los encuentros de Justicia Legítima. La nómina se completa con Ana María Conde, proveniente del fuero civil, y José Casás, exsecretario de Legal y Técnica durante la administración de Raúl Alfonsín y exprocurador ante la Corte Suprema.

A diferencia de la Corte Suprema, cuyos plazos no tienen apuro alguno, el tribunal de la Ciudad (que funciona como una suerte de control de constitucionalidad, al modelo europeo) tiene 80 días para definir y la obligación de realizar una audiencia pública de estilo similar a la que ya tuvo lugar en la calle Talcahuano por la ley de medios. En este caso deberían acudir la Defensoría General, el fiscal general Germán Garavano (quien se encuentra en el tramo final de su mandato) y el procurador porteño, Julio. Sin embargo, hay una diferencia visible desde los actores: en esta cita no le tocará hablar a los letrados de Clarín dado que, al menos por ahora, no figuran en ninguno de los expedientes relacionados con el debate.