El juez acompañó el pedido del fiscal Pollicita con solicitudes a Casa Rosada y Cancillería de mails y llamados telefónicos.
La Justicia federal efectuó una nueva aproximación a la hipótesis que impulsaba antes de morir el fiscal Alberto Nisman en relación con el memorando de entendimiento con Irán que proponía firmar el Gobierno argentino en 2014. En el día de ayer, el juez federal Ariel Lijo emitió órdenes de presentación a Casa de Gobierno, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Procuración de Tesoro para obtener los correos electrónicos emitidos por cuentas oficiales y de mensajería de la ex presidenta Cristina de Kirchner, el excanciller Héctor Timerman y la exprocuradora Angelina Abbona, entre otros exfuncionarios investigados por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA. Los procedimientos se realizaban con intervención de la Policía Metropolitana y enviados de la fiscalía de Gerardo Pollicita.
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De este modo, el juzgado hizo lugar así a varias medidas de prueba que había pedido el fiscal, quien tiene delegada la investigación de la denuncia del fallecido titular de la UFI-AMIA, por supuesto encubrimiento del atentado a raíz de la firma del fallido acuerdo entre Argentina y la República Islámica de Irán.
Además, el juez dio vía libre al fiscal para que pida a la dirección de escuchas judiciales de la Corte Suprema de Justicia el entrecruzamiento de los teléfonos de todos los imputados, entre ellos la expresidenta. "Si bien la causa ya estaba abierta, lo que Lijo hizo formalmente fue emitir órdenes de presentación para obtener de los servidores de estas dependencias públicas, copias de correos electrónicos emitidos desde cuentas oficiales de los investigados y también de mensajes que se hayan intercambiado a través de programas de mensajería interna en cada organismo", explicó una fuente con acceso a la causa.
La orden judicial incluye a la ex presidenta, al exsecretario Legal y Técnico Carlos Zannini, y a Oscar Parrilli, investigados en la causa. Por último, Lijo dispuso también levantar el secreto fiscal del supuesto espía Alan Bogado, para que la fiscalía pueda requerir sus declaraciones juradas y patrimoniales.
Tanto el fiscal como el juez van ahora por información calificada de los más poderosos funcionarios de la anterior gestión, incluido el requerimiento formulado a la Corte Suprema respecto de los llamados entrantes y salientes de los imputados en el "caso Irán".
El material al respecto que se intentará encontrar en Gobierno corresponde, según determinó la Justicia, a lo ocurrido sobre este tema durante del período que fue desde el 1 de enero de 2011 al 9 de diciembre de 2015.
En la Cancillería pasará lo mismo con las computadoras utilizadas para trabajar en el caso, por la exConsejera Legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerruti, el exCanciller, Héctor Timermán, y demás diplomáticos, como Eduardo Zuain, Carlos Alejandro Poffo, Luciano Tanto Clement.
En este caso se acotó el rango de rastreo de ese material al tiempo que transcurrió entre el 1 de enero del 2011 y el 31 de diciembre del 2015.
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