En uno de sus primeros actos como gobernador de Córdoba, el peronista Martín Llaryora envió ayer a la Legislatura su proyecto de reforma de la Seguridad Pública. Entre sus principales puntos, el texto prevé la formación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, así como también la incorporación de empresas privadas al sistema, cuyos integrantes podrán utilizar armas no letales en el ejercicio de sus tareas.
- ámbito
- Edición Impresa
Llaryora envió a la Legislatura su proyecto de seguridad pública

La flamante administración cordobesa indicó que la iniciativa también contempla la creación de seis nuevas fiscalías antinarcóticos y de 12 nuevas fiscalías criminales. Además, impulsa el plan de desarme, que incluye el pago por cada arma que los vecinos entreguen.
En paralelo, el proyecto impulsa la creación de un Instituto que asiste en la planificación de las políticas de seguridad, elabora, controla y evalúa la implementación de los programas de formación o capacitación de las fuerzas provinciales de seguridad, guardias locales y empresas prestadoras de servicios de seguridad, integrándolo al Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba - COPEC, creado en 2008.
Un ítem destacado es la obligatoriedad de que los funcionarios provinciales se hagan los narcotest. Significa la realización de un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales. La medida alcanzará también al gobernador y a su vice.
Dejá tu comentario