Los 72 inmigrantes fueron ejecutados porque no quisieron sumarse a Los Zetas

Tras ser hallados en un rancho, los cadáveres de los 72 inmigrantes ejecutados fueron ordenados en un depósito abandonado de la localidad de San Fernando. Buscan entre sus pertenencias cartas o cualquier comprobante que permita identificarlos.

México DF - Bajo el impacto de la peor masacre a manos de narcos de la historia mexicana, ocurrida el martes, las autoridades trataban ayer de identificar a las 72 víctimas, con ayuda de diplomáticos de Brasil, Ecuador, Honduras y El Salvador, países de los que provenían los inmigrantes ejecutados. En tanto, se profundiza la línea de investigación orientada a que los 54 hombres y las 14 mujeres fueron asesinados por negarse a trabajar para el grupo narco Los Zetas.

«Ya no están encontrando fácilmente quién los supla (a los sicarios), al grado tal de que tienen que acudir a esta barbaridad de hacer prácticamente levas colectivas como la que pretendieron hacer con los migrantes», afirmó ayer el presidente Felipe Calderón, en una entrevista radiofónica.

«Ya no pueden sostener la lucha permanentemente, no es infinita su capacidad de reclutamiento, de financiamiento, de armar cuadros, de reemplazar líderes», apuntó Calderón.

Esa es una de las principales hipótesis que maneja la secretaría de Gobernación (Interior) para resolver el caso. Para ello cuentan con el testimonio del ecuatoriano Luis Fredy Lala (su identidad no fue oficialmente confirmada), el único superviviente de la matanza y quien se encuentra internado por heridas de bala en el cuello en un hospital de Matamoros, estado de Tamaulipas, bajo estrictas medidas de seguridad. Fue él quien condujo a la Marina hasta un rancho cercano a la localidad de San Fernando, donde el martes se descubrieron los cadáveres.

Según su testimonio, el grupo de inmigrantes fue interceptado por Los Zetas, una banda fundada en 1999 por desertores de un grupo de elite del Ejército mexicano.

Pocas horas después de que se conociera la noticia, diplomáticos de dichos países se trasladaron a Tamaulipas para ayudar en la identificación de las víctimas de la matanza, una tarea muy compleja (ver aparte).

«Ya arribaron el cónsul general y el vicecónsul de Brasil, el cónsul y dos agregados de policía de Ecuador, dos cónsules generales de El Salvador y un cónsul de Honduras que se trasladó de San Luis Potosí (norte)»,explicó al respecto un vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Orden de captura

Paralelamente, el Gobierno de Calderón ordenó la captura de los responsables de la masacre. Soldados fuertemente armados a bordo de vehículos blindados transitaban por localidades de la región fronteriza con Texas, mientras varios helicópteros realizaban sobrevuelos por la zona. Al cierre de esta edición el rastrillaje no había dado resultados.

Los Zetas mantienen desde enero una sangrienta batalla con sus antiguos socios del cartel del Golfo, especialmente en los estados de Tamaulipas (base de ambos) y el vecino Nuevo León.

En los poco más de tres años y medio transcurridos desde que Calderón llegó al poder, las autoridades reconocieron la muerte de 28.000 personas por causa del crimen organizado.

Además de un mayor acoso por parte del Gobierno, que desplegó unos 65.000 efectivos federales y militares en todo el país, los carteles se enfrentan unos a otros por el control del territorio.

Cada año se calcula que alrededor de 300.000 inmigrantes indocumentados cruzan la frontera sur de México con la intención de llegar hasta EE.UU, y muchos de ellos son víctimas de extorsiones, robos, violaciones y secuestros.

En medio de la conmoción local por la masacre de San Fernando, Calderón presentó una estrategia para combatir el lavado de dinero que atacaría al corazón del crimen organizado.

El paquete incluye una serie de reformas de ley que restringirán operaciones en efectivo, obligaría a informar transacciones atípicas de gran valor e instituiría nuevos tipos penales para perseguir el lavado.

Entre otros puntos se busca prohibir la adquisición en efectivo de inmuebles, joyas, aviones y vehículos por más de 100.000 pesos (u$s 8.000), controlar más a casas de cambio y de apuestas, abogados, contadores e inmobiliarias.

Agencias EFE, AFP, Reuters, ANSA y DPA