“Los Monos” lavaron más de $1.200 millones a través de 40 sociedades ficticias investigación

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Conformaron en 24 horas, Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) fuera del control de la IGJ, por decisión del gobierno de Macri; emitieron facturas truchas para blanquear dinero y accedieron a beneficios fiscales.

La banda conocida como “Los Monos” aprovechó una figura creada durante el gobierno de Mauricio Macri para conformar 40 sociedades ficticias con domicilios falsos en menos de 24 horas e ingresar al circuito legal más de $1.200. Mediante Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), no solo consiguieron blanquear el capital, sino también acceder a beneficios fiscales que la ley de apoyo al emprendedor otorga a este tipo de empresas. El registro de las SAS se realizó en el Ministerio de Modernización, que no tiene ningún tipo de experiencia en el control del lavado de activos. Las firmas de los narcos fueron inscriptas de manera automática sin intervención de personas humanas y emitieron unas mil facturas apócrifas. De acuerdo a una resolución de la Inspección General de Justicia a la que pudo acceder Ámbito, “un efectivo control de legalidad hubiera evitado que las mismas entren en circulación en el mercado y operen en el país”.

Luego de que una investigación impulsada por el Fiscal Federal Walter Rodríguez vinculara el dinero del lavado con la creación de una serie de Sociedades de Acciones Simplificadas, la Inspección General de Justicia lanzó una serie de sumarios sobre las firmas presuntamente vinculadas con Los Monos para verificar su funcionamiento real.

Las firmas

De esas investigaciones se desprendió que las sociedades: “Agro Molino SAS”, “Depertar del Norte SAS”, “Zero cool Informática SAS” y “Stelle Framing SAS”, entre otras, estaban conformadas por los mismos titulares con residencia en la Ciudad de Rosario , en puntos de venta de droga referenciados con la banda narco criminal denominada Los Monos.

Al mismo tiempo los domicilios declarados por estos individuos para las SAS estuvieron situados en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el organismo que conduce Ricardo Nissen fue a verificar esas direcciones, se encontró con que algunas eran inexistentes y otras corresponden a casas particulares de personas en situación de vulnerabilidad social que no tenían ningún contacto con el entramado societario.

Sin control

Es decir que, cuando la banda narco inscribió estas sociedades no existió ningún tipo de control que permitiera determinar al menos si los domicilios informados existían en el mapa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo al documento al que pudo acceder este medio, “esto pudo suceder por el decreto 516/2016 con el que se implementó el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del sector público nacional”.

Mediante esa normativa sancionada en la administración de Cambiemos, se designó como administrador del sistema al Ministerio de Modernización y se corrió a un lado a la Inspección General de Justicia. Por lo que el registro de las SAS se realizó en una repartición del Estado que no tiene ningún tipo de experiencia en el control del lavado de activos. Además, en el informe elaborado por la IGJ se pudo comprobar que las Sociedades por Acciones Simplificadas fueron inscriptas de manera automática sin intervención de personas humanas.

De la compulsa del organismo también se desprende que “ninguna de las referidas sociedades dio cumplimiento con la normativa tendiente evitar el uso ilícito de este tipo de sociedades” y que “un efectivo control de la legalidad de las sociedad por acciones simplificadas hubiera evitado que las mismas entren en circulación en el mercado y operen en el país”.

La investigación inicial surgió luego de que una avioneta, que transportaba unos 200 kilos de cocaína, se estrellara en un camino rural en la provincia de Santa Fe. Luego, una investigación impulsada por el Fiscal Rodríguez vinculó la actividad narco con la conformación de las Sociedades por Acciones Simplificadas.

Estas firmas generaron unas 10.000 facturas apócrifas que sirvieron para blanquear unos $12.000 millones. Al mismo tiempo, mediante la ley de apoyo a los emprendedores, los narcotraficantes accedieron a los beneficios impositivos previstos en la normativa. De esta manera pudieron acceder a la herramienta del crédito fiscal.

Desvíos

Las SAS fueron una herramienta jurídica creada en 2017 enfocada en la simplificación de trámites y flexibilización tributaria para los emprendedores. Pero la mala aplicación de la normativa abrió las puertas a que bandas delictivas las utilicen para lavar dinero. Este esquema también fue utilizado por exportadores de carne que lo aprovecharon para no liquidar divisas, para subfacturar envíos al exterior y para eludir los controles del Ministerio de Agricultura.

El Gobierno, mediante la IGJ, avanzó con un sistema de mayor control para este tipo de sociedades. Pero sólo puede efectuarlo en la Ciudad de Buenos Aires porque el organismo no tiene jurisdicción para estas cuestiones en el resto del país. Por eso, el bloque del Frente de Todos impulsa en el Congreso un proyecto para establecer un piso mínimo de requisitos para conformar una empresa que sea aplicable a todo el país.

Por el momento, la oposición está bloqueando la iniciativa legislativa. “Hay algunos distritos que quieren competir por ver quien impone menos controles, quieren transformarse en la Delaware de Argentina”, concluyó un importante funcionario de los organismos de control a este medio.

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