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Macrismo pone en pausa despidos y negocia con los sindicalistas
Se trata del ejemplo más claro de la postura asumida por los gremios, al menos en el sector público, frente a las primeras medidas impopulares del nuevo Gobierno: en lugar de confrontar, iniciar gestiones para atenuar el impacto sin restarle autoridad a los nuevos funcionarios.
Esta semana, la Asociación del Personal Legislativo (el gremio mayoritario en ambas cámaras del Congreso), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tuvieron un primer encuentro con Helio Rebot, el secretario administrativo del Senado mano ejecutora de las decisiones no políticas de Michetti. El objetivo, explicaron en los sindicatos con presencia entre el personal parlamentario, es discutir caso por caso y hacerle entender a Cambiemos que la eliminación de la totalidad de los contratos complicará el funcionamiento del cuerpo.
En una de sus primeras decisiones como presidenta del Senado, Michetti resolvió despedir a un total de 2.035 personas a través de la cancelación de igual cantidad de contratos firmados por su antecesor, Amado Boudou, durante el año pasado. Lo hizo a pesar de que había anunciado antes la realización de una auditoría para la revisión de cada contrato, a cargo de técnicos de la Universidad de Buenos Aires. A ese estudio dijo que también sometería 2.317 recategorizaciones firmadas por Boudou en el mes previo a concluir con su mandato.
Tras las protestas previsibles de los gremios, que se declararon en estado de alerta y movilización, y del bloque del Frente para la Victoria, la discusión pasó a un plano menos espectacular y ruidoso. Este lunes hubo una reunión por la tarde entre Rebot y Norberto Di Próspero, el secretario general de APL, junto con representantes de UPCN y ATE.
El secretario administrativo no quiso asumir compromisos en esa ocasión. Sólo dijo que trasladaría las inquietudes y los informes de los sindicatos a Michetti para tomar una determinación final. En los análisis preliminares los gremialistas habían establecido que cerca de la mitad de los nombramientos cuestionados (y anulados) corresponde a personal de servicio del Senado, y el resto a la denominada "planta política" afectada a las labores de los respectivos legisladores.
También, que entre los contratos cesados hay 168 ordenanzas cuyas tareas se presumen elementales para mantener un funcionamiento mínimo en el Senado. En tanto que de un centenar de trabajadores con certificados de enfermedad, discapacitados o embarazadas, Michetti ya avisó que dará marcha atrás con las cesantías.


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