La "ofensiva económica" de Maduro, que busca controlar una inflación del 54,3%, ha devenido en detenciones y saqueos y se extenderá a otros sectores productivos, avivando las preocupaciones sobre el panorama económico y político del mayor exportador de crudo de la región.
"(Las caídas de los bonos son) definitivamente una reacción a la percepción de que el Gobierno está ordenando un episodio de saqueo semiorganizado", dijo un operador de Wall Street que pidió no ser identificado en referencia a las acciones del Gobierno, que forzó a las tiendas a rebajar sus precios por considerar que eran vendidos a precios "especulativos".
A lo largo del fin de semana, grupos de soldados ocuparon las tiendas de la cadena de electrodomésticos Daka y otras dos firmas, forzando a vender productos a precios más baratos y apresando a algunos de sus gerentes.
Según quienes hacían fila para adquirir productos, los precios habían bajado hasta un 60% desde la semana pasada. Pero las autoridades afirmaron que los precios presentaron una reducción de hasta el 300%.
Maduro aseguró que los importadores reciben dólares preferenciales al tipo de cambio oficial de 6,3 bolívares, pero venden orientados por el valor del dólar en el mercado negro, unas nueve veces más caro. Ante ello, también el sábado, ordenó bloquear las páginas web que dan a conocer el tipo de cambio del dólar paralelo. Los líderes empresariales aseguran que el control cambiario -que ya lleva una década- no está proveyendo suficientes divisas, lo que obliga a muchos a recurrir al mercado negro. "Algunos de los titulares del fin de semana se relacionaron con la intervención del Gobierno en ciertos locales minoristas y los reportes subsiguientes de saqueos, lo que pareció ser una prueba de un contexto político y social mucho menos controlable", dijo el banco JP Morgan en una nota a clientes.
La escasez de productos básicos y la alta inflación han hecho de la economía la mayor preocupación para los venezolanos, que el 8 de diciembre volverán a las urnas para elegir alcaldes y concejales a lo largo del país. La campaña de Maduro, de exigir "precios justos", podría ayudarlo a reconectar con los votantes que le dieron la victoria en las presidenciales de abril y que, en los últimos meses, se mostraron descontentos con el rumbo del país. Maduro culpa por los actuales problemas a la "guerra económica" que según él está respaldada por opositores y por EE.UU., y prometió aumentar inspecciones a emprendedores privados para garantizar que vendan bienes a "precios justos".
En ese contexto de tensión, la mayoría parlamentaria aprobó el desafuero de la diputada opositora María Mercedes Aranguren para que sea investigada por presunta corrupción, una sanción que busca dar a Maduro los votos requeridos para obtener superpoderes. Al Gobierno le falta un voto para alcanzar los tres quintos de la Asamblea Nacional que requiere la Constitución para aprobar la llamada "ley habilitante", que permitirá a Maduro gobernar por decreto. El escaño de Aranguren, electa en 2010 por el chavista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y quien dos años después se pasó a la oposición, será asumido por un chavista.
| Agencias Reuters, AFP y ANSA, y Ámbito Financiero |
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