8 de septiembre 2009 - 00:00

Mafia de medicamentos se cuela en puja Cobos-Carrió

Elisa Carrió
Elisa Carrió
La investigación por el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina de Kirchner y su relación con las droguerías supuestamente relacionadas con el tráfico de efedrina ya desembarcaron también en la puja entre Elisa Carrió y Julio Cobos.

La Coalición Cívica se presentó ayer a la Justicia para pedir al juez Ariel Lijo, que investiga los fondos recibidos por el kirchnerismo para financiar la campaña, que solicite al juez Norberto Oyarbide que remita a esa causa la documentación hallada durante la detención del titular de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo.

Hasta ahí un aporte más de la Coalición Cívica a las investigaciones que lleva adelante la Justicia en distintas causas relacionadas con el Gobierno. Pero llamó la atención que en la denuncia comenzaran a mencionarse los aportes a la campaña de Cristina de Kirchner y Julio Cobos, en lugar de referirse, como hasta ahora, sólo a la Presidente.

Impugnación

Es cierto que fue Carrió la primera en impugnar a Cobos dentro del Acuerdo Cívico y Social por considerar que aún pertenece al Gobierno al integrar la fórmula presidencial, a pesar de ni siquiera dirigirse la palabra con los Kirchner.

Pero nunca habían relacionado al vicepresidente con esa causa. De hecho, resulta extraño que el mendocino haya podido acercarse al control de los fondos de la campaña que compartió con Cristina de Kirchner, pero lo cierto es que legalmente integró ese grupo.

El diputado provincial y presidente de la Mesa Nacional sobre Drogas de la Coalición Cívica Sebastián Cinquerrui pidió ayer a Lijo, que no pudo recibir la presentación por estar fuera del país, que sea tenida en cuenta «toda documentación que tenga estrecha vinculación con la causa del financiamiento de la campaña, con el objeto de solicitar que posteriormente se cite a declaración indagatoria y se dicten los procesamientos de Héctor Capaccioli, el jefe de campaña de la fórmula Fernández de Kirchner-Cobos, así como también de los funcionarios que correspondan».

Cinquerrui explicó: «Cuan-do realizamos la denuncia que se tramita en el juzgado del doctor Lijo, figuraba como aportante Carlos Torres (director suplente de Multipharma salud) con un aporte de $ 170.000 y Carlos Torresín, que aportó $ 155.000, ambos con nombres similares y el mismo número de documento».

El laboratorio San Javier fue allanado por el juez Oyarbide en la investigación por falsificación de medicamentos oncológicos. Allí se detuvo a Lorenzo, que es titular del laboratorio y socio de Torres, el aportante de la campaña presidencial. Cuando se allanó el domicilio de Lorenzo se secuestró una carpeta con los comprobantes de los cheques que se aportaron a la campaña del Frente para la Victoria por parte de su socio Carlos Torres. Esa es la prueba que ahora la Coalición Cívica pide que se adjunte a la causa que lleva adelante Lijo, donde investiga el financiamiento de campaña.

«Es de tener en cuenta que Lorenzo tenía negocios con el Gobierno mientras Capaccioli era superintendente de salud y estaba bajo el ala de Alberto Fernández. Hoy que Capaccioli se tuvo que ir del Gobierno por las irregularidades cometidas en cada una de las funciones que ocupó, gerencia una empresa de juegos de azar de Daniel Mouten, otro conocido de Alberto Fernández», explicaron en la Coalición Cívica.

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