Magistratura: cita a juez y nuevas intrigas por fondos

Norberto Oyarbide y Oscar Aguad

El Consejo de la Magistratura citó ayer por primera vez al juez federal Norberto Oyarbide. Fue por la causa que investiga la posesión de anillo que no consta en sus declaraciones juradas. En un giro disruptivo los consejeros del oficialismo acompañaron la decisión de la oposición. Quedó pendiente la definición de una citación similar en el caso referido al último escándalo policial que protagoniza el magistrado. Continúan los enfrentamientos entre el Gobierno y la Corte por cuestiones presupuestarias que ahora encuentran en el Consejo una suerte de ring para medir fuerzas.

La decisión de citar a Oyarbide fue por unanimidad luego de que el senador de la UCR Mario Cimadevilla así lo solicitara en la Comisión de Disciplina. Los resquemores aparecieron cuando los consejeros intentaron abordar el planteo del camarista Ricardo Recondo de también convocarlo por su declarada intervención en una serie de allanamientos a financieras. El oficialismo pidió tratar el tema en los próximos días y Recondo perdió su oportunidad de plasmar en los hechos lo que habitualmente denuncia en los medios de comunicación. Al kirchnerismo le alcanzó con remitirse al sentido común de que no se puede citar a un juez cuando todavía se está diligenciando la prueba de la Justicia federal al Consejo.

Anteriormente Oyarbide ya había presentado un descargo por escrito en el cual contó que ese anillo lo alquiló en una joyería de Punta del Este por el monto de 7.000 dólares.

Ayer también se decidió pasar al plenario la denuncia contra los camaristas de la Seguridad Social Luis Herrero y Emilio Fernández. Se trata de un expediente iniciado por la ANSES que sostiene que los jueces tuvieron maniobras supuestamente irregulares con dos expedientes que tuvieron fallos contrarios al Estado nacional. En una ocasión estos dos jueces fueron investigados por Oyarbide y terminaron sobreseídos. Ahora el Consejo decidirá si son sometidos al jury.

La disputa entre el oficialismo y la Corte por los aspectos administrativos del Poder Judicial sumó otro episodio cuando los consejeros del kirchnerismo se negaron a acompañar la votación para aprobar la obra que el Poder Judicial construirá para el Archivo General que depende de la Corte. Se trata de un desembolso de 1.500 millones. En las oficinas de los consejeros Julián Álvarez y Eduardo De Pedro anotaron supuestas irregularidades en el pliego y una falta de actualización en los parámetros de seguridad para un edificio con varios subsuelos. En tanto el diputado Carlos Moreno deslizó, más abiertamente, que si el Archivo General depende de la Corte por qué la obra se vota en el Consejo.

Un detalle: esta obra está postergada desde hace años y para la Corte es de extrema necesidad ya que además de acumular archivos se planea situar allí salas de juicios. La particularidad de la oposición del representante del Poder Ejecutivo es que todo el desarrollo se implementa en coordinación con el Ministerio de Planificación Federal.

La explicación se encuentra en que Álvarez todavía no logra avanzar en la estructura administrativa del Poder Judicial. La obra se aprobó con los votos de los jueces, del diputado Oscar Aguad (que hace 15 días logró una prescripción clave en la Corte) y del abogado Daniel Ostropolsky, que exhibió una pirueta llamativa ya que la semana pasada se encontraba alineado a los consejeros del oficialismo en las críticas al proyecto.