Malabares para negar lo que es evidente

Tímidas al principio, las voces comprensivas con el golpe de Estado del 28 de junio en Honduras se van haciendo más sonoras. Sus argumentos son básicamente dos. Por un lado, el presidente depuesto, Manuel Zelaya, había vulnerado la Constitución al convocar a una consulta popular con la intención final de reformar la carta magna y avanzar con su reelección.

En segundo lugar, arguyen que, dado que fue reemplazado por quien lo seguía en la línea sucesoria, es decir, de acuerdo con lo que marca la Constitución, es impropio hablar de golpe. Planteos curiosos, que, como veremos, nos llevarían a un revisionismo que postule, por ejemplo, que Arturo Frondizi no sufrió un golpe en 1962.

Sobre lo primero, los panegiristas no explican por qué dicha conducta (reprochable, sin duda, pero que habría merecido otro tratamiento) derivó en que un grupo de militares lo sacara de la cama en pijama a punta de pistola y lo deportara el último 28 de junio antes del amanecer. O por qué ocho de sus ministros fueron encarcelados, se reprimió sangrientamente a sus partidarios en las calles y se implantó el toque de queda.

Lo segundo es más complejo, aunque tampoco se sostiene demasiado. Para analizarlo es necesario precisar qué se entiende por «golpe de Estado».

Concepto

El concepto de coup d'État surgió en la Francia del XVII para describir el fenómeno por el cual los monarcas absolutos vulneraban las reglas de juego existentes para afirmar su poder a través de, justamente, golpes de autoridad.

Con el tiempo, y con la introducción de la división de poderes en el Estado, el concepto fue variando, para dar cuenta de los intentos de toma del Gobierno por parte de un sector del propio sistema o de actores externos a él. Puntualmente, esto dio cuenta de la emergencia del factor militar, tan común en América Latina.

Fueron muchas las contribuciones teóricas al concepto de golpe de Estado, pero, a falta de una definición única mundialmente aceptada, podemos decir, en pocas palabras, que hay consenso en que un golpe de Estado implica el reemplazo o la supresión violenta e ilegal de uno o varios poderes del Estado por parte de otros poderes o de diferentes actores políticos.

Apelando a una definición básica, para la Enciclopedia Británica, un golpe de Estado es «el derribo repentino y violento de un Gobierno existente por parte de un pequeño grupo». Para la definición de la Real Academia Española es la «actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del Gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes».

¿Qué otra cosa fue lo que ocurrió en Honduras? Hay más para decir.

El argumento de que la sucesión «normal» de Zelaya por el titular del Congreso, Roberto Micheletti, garantiza la continuidad constitucional es absurdo. Asumirlo obligaría a hacer un insólito revisionismo histórico, para afirmar, por ejemplo, que el derrocamiento de Arturo Frondizi en 1962 no fue un golpe. ¿No lo reemplazó acaso el titular del Senado, José María Guido, porque había renunciado el vicepresidente, Alejandro Gómez? ¿Eso lo hace legal?

Siguiendo en esa línea, en Uruguay el régimen de Juan María Bordaberry (1973 y 1976) no tuvo nada de reprochable. ¿Acaso no había sido elegido presidente de acuerdo con la Constitución? Es cierto que, como Guido, el oriental cerró el Congreso, y que los tres poderes (aunque con un Ejecutivo ilegítimo) siguen funcionando en Tegucigalpa. ¿Pero por qué una asonada cívico-militar por la que desde el Poder Legislativo se avanza radicalmente sobre el Ejecutivo (Honduras) no es un golpe y otras, en las que el atropello es de sentido inverso (Argentina en 1962, Uruguay en 1973 e incluso el caso de Alberto Fujimori en Perú en 1992), sí lo son?

Los argumentos que intentamos refutar son peligrosos. Cualquier justificación de la asonada hondureña puede ser la base de aventuras futuras en otros países de la región. Un mal mayor que cualquier mal que pueda representar Zelaya.