Más dificultades en empresas eléctricas

Standard & Poors bajó ayer de «B-» a «CCC+» la nota de la eléctrica Edenor, atribuyendo la reducción al «muy débil desempeño» durante 2012, y advirtió que si no aumentan las tarifas, la empresa afrontará «escasez de fondos en el corto plazo». Además, la calificadora alertó que los indicadores crediticios de la firma «seguirán deteriorándose» durante este año. Un informe similar realizó la semana pasada JP Morgan.

El deterioro financiero no es exclusivo de Edenor. En situación parecida se encuentran las otras dos distribuidoras que sucedieron a SEGBA: Edesur y Edelap. Esta última dejó de estar bajo jurisdicción del Estado nacional a fines de noviembre, pero el aumento de tarifas que llegó a darle el gobernador Daniel Scioli duró menos que horas.

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La marcha atrás se debió a que el ministro Julio De Vido anunció que las provincias que autorizaran aumentos, dejarían de tener energía subsidiada por la Nación en la misma proporción de los ingresos por la suba. Esa decisión del Gobierno nacional acotó los ajustes en varias provincias, muchas de las cuales tienen tradicionalmente tarifas más altas que las distribuidoras de Capital, Gran Buenos Aires y La Plata.

En el sector empresario, se comenta desde enero que el congelamiento de tarifas va a terminar obligando a una disyuntiva: no pagar salarios o no pagar la energía a Cammesa. De hecho, el sindicato de Luz y Fuerza se declaró en estado de alerta la semana pasada porque las compañías eléctricas dijeron que no pueden ofrecer un aumento de salarios en la paritaria que empezó este mes.

Si las distribuidoras dejan de pagarle a Cammesa, habiendo ya un saldo impago por atrasos de varias empresas del interior, el Estado deberá hacerse cargo de pagar por lo menos los costos operativos a las generadoras para que el sistema siga en funcionamiento. Cammesa es una entidad mixta controlada por el Ministerio de Planificación a través de la cual las distribuidoras deben pagar con los ingresos por facturación a transportistas y generadoras. Al mantener las tarifas sin ajustes, el Gobierno tiene que hacerse cargo de un gasto creciente en combustibles líquidos porque el precio de la energía que reciben las generadoras no alcanza para producir electricidad cuando no hay gas disponible.

Ese aporte del Estado a sostener el precio mayorista de la energía es el subsidio a las facturas. Si las distribuidoras pagan mal o tarde, o dejan de pagar la energía, la parte que tendría que aportar el Gobierno sería mayor que la actual aun cuando el objetivo de este año es bajar las subvenciones.

Lo llamativo es que no hubo nuevos anuncios de quita de subsidios y en el sector residencial los que se quedaron sin el beneficio rondarían los 300.000 usuarios en todo el país. Pero tampoco hay indicios de un aumento de tarifas para recuperar los márgenes de las prestadoras, con lo cual todo el sistema se vuelve más vulnerable y se debilitan las perspectivas de las empresas privadas.