Más polémica por demolición de Casa de Gobierno

Juan Schiaretti

Córdoba - Se incrementó ayer la polémica ante la inminente demolición de la Casa de Gobierno local -la «Casa de las Tejas»-, que lleva adelante el gobernador Juan Schiaretti con el fin de completar antes de dejar su mandato el proyecto del «Parque de las Tejas».

Además de los cuestionamientos en torno al destino del patrimonio arquitectónico, también se generó una fuerte controversia en torno a los recursos públicos que se utilizarán para que el mandatario pueda completar el proyecto en plena campaña electoral y por las prioridades oficiales en materia de inversión pública.

Al rechazo de los representantes de la oposición local se agregaron opiniones contrarias de vecinos de Nueva Córdoba y también de organizaciones gremiales y de jubilados, que manifestarán hoy por la mañana en Plaza España «contra el destrozo del patrimonio de los cordobeses».

Sin embargo, hasta ayer el emprendimiento seguía en pie. En efecto, la Justicia provincial rechazó el pedido de los centros de jubilados que presentaron un recurso de amparo para evitar la demolición, al entender que los pasivos no tienen intereses legítimos en la solicitud de suspensión de la obra que se inició el lunes.

Mientras se construye la nueva sede de la gobernación, avanzan las tareas de la mudanza de la administración provincial ya que varias dependencias funcionarán en inmuebles alquilados. La provincia admitió que se gastarán unos cuatro millones de pesos en el alquiler de dos edificios y en el desalojo.

En ese sentido, dos candidatos a gobernador -el senador nacional Luis Juez (Frente Cívico) y el diputado nacional Oscar Aguad (UCR)- cuestionaron a Schiaretti «porque hará un doble gasto, al hacer una mudanza a un complejo de oficinas; y al mudarse nuevamente al Centro Cívico».

Por su parte, Juez dijo que «es una locura» y que no se entiende por qué a Schiaretti «se le ocurre gastar $ 500 millones en un Centro Cívico». En tanto, Aguad completó que por el proyecto «se posterga la solución de la emergencia social por la que atraviesa el 30% de cordobeses».