Mendoza dilata definición sobre liberación de presos

 Mendoza - El gobernador Alfredo Cornejo (UCR) pidió ayer a la Suprema Corte de Justicia de la provincia que revea el polémico aval de ésta a un hábeas corpus colectivo que permitiría la liberación de más de 800 procesados con prisión preventiva que se encuentran aún sin sentencia.

Cornejo, su vice, Laura Montero, y varios funcionarios del Ejecutivo fueron recibidos por el titular de la Corte, Pedro Llorente, y los miembros del máximo tribunal de Justicia de Mendoza Mario Adaro y Herman Amilton Salvini, como así también el procurador Rodolfo González.

Sin embargo, el desaire principal lo activaron los otros miembros de la Suprema Corte, Omar Palermo, Julio Gómez, Jorge Nanclares y Alejandro Pérez Hualde. El primero de ellos fue el ejecutor del polémico fallo en cuestión.

Tras el cónclave, Cornejo dejó en claro que la decisión de la Corte "hace virtualmente inaplicable la prisión preventiva, y por eso quedarán libres la mayoría de los detenidos", además de que "no explica cómo operará en la práctica su resolución".

En tanto, Montero señaló que si bien su deseo y el del gobernador "es mantener una buena relación institucional con el Poder Judicial", dijo que el fallo "es lesivo para algunos intereses de la provincia y puede tener efectos bastantes severos para la ciudadanía, afectando directamente en la situación de inseguridad".

Además, Montero, de grandes batallas en el Congreso nacional contra los senadores kirchneristas, rechazó "la ausencia de los ministros que firmaron este fallo" y por la falta de una audiencia pública previa para dialogar sobre el tema, dado que se debería realizar una liberación de los detenidos en caso de no encontrar elementos para justificar la prisión en menos de 24 horas.

Según el máximo organismo de Justicia provincial, se busca "armonizar la realidad de las detenciones y prisiones preventivas con las exigencias de una sociedad que reconoce el derecho como pauta fundamental para su organización y funcionamiento", y destacó también que "no es legal que existan personas detenidas sin orden de juez competente por largos períodos de tiempo".