México: empresas destinan 5% de ingresos a sobornos

 México - Las empresas de todo tipo que operan en México «destinan un 5% de sus ingresos anuales al pago de sobornos» y un 77% de ellas admite haber padecido un fraude en el último año, reveló una encuesta de la firma de auditoría KPMG difundida por Consulta Mitofsky.

«El 44% de las empresas (...) ha reconocido haber realizado algún pago extraoficial a servidores públicos» y un 67% de las firmas reconoce que la corrupción «tiene un efecto negativo en su competitividad», agrega la Encuesta sobre Fraude y Corrupción en México 2008.

Según el estudio, el principal detonador de la corrupción en México es la lentitud de los trámites (47%), seguido de las multas injustificadas (27%), la pérdida de contratos y el aumento de costos de operación (21% en ambos casos) y falta de vigilancia e inseguridad (7%).

«El nivel de gobierno donde más incidencia existe de este tipo de pagos extraoficiales es el municipal. Seis de cada diez empresas consideran que los pagos extraoficiales a servidores públicos tienen un impacto significativo en sus proyecciones de inversión en México», asegura KPMG.

Dentro de las mismas empresas son comunes los fraudes, perpetrados en general por los propios empleados (46%).

Su perfil es el de un varón de entre 25 y 35 años, con una antigüedad de uno a tres años, que ocupa una posición de mando medio u operativo. La mayor parte de estos delitos internos es el robo de inventarios o la asociación fraudulenta con los proveedores de las empresas.

En el 25% de los casos el monto defraudado fue superior a 75.000 dólares, y en un 10% la cifra llegó a superar los 375.940 dólares.

El resultado de estas circunstancias adversas relacionadas con la corrupción y el fraude fue un aumento en los costos de operación para las compañías (53%), una pérdida de confianza entre empleados (41%) y daños a la imagen de las empresas (25%).

«En el 60% de los casos, el fraude fue detectado por medio de controles internos y auditoría interna», pero en un 86% sucedió unos seis meses después de cometido el ilícito, señalaron los ejecutivos consultados.