Michetti cambia de abogados, pero caso apunta a financistas

Gala. Cena de SUMA, con clima eufórico, reunió a políticos, empresarios, famosos y a la cúpula de Cambiemos.

 Tan sólo cuatro días fue el lapso en el que los abogados del estudio Pérez Chada representaron a la vicepresidente Gabriela Michetti en la causa que investiga el origen del dinero que fue robado de su casa el 22 de noviembre de 2015. Ayer, renunció a su poder María Masanti, integrante del bufete que defiende al presidente Mauricio Macri, entre otros funcionarios. En un comunicado oficial, se anunció la incorporación del exdiputado radical Ricardo Gil Lavedra como su abogado, quien hasta ahora fue referente del programa Justicia 2020 que la cartera que conduce Germán Garavano no ha podido implementar. En tribunales se espera que se coteje la información de la AFIP sobre diversas fundaciones relacionadas con dirigentes del PRO, mientras que en los próximos días se ampliará la lista de contradicciones entre las versiones que ofreció la funcionaria sobre los fondos y el funcionamiento de la ONG SUMA, incluyendo el pedido de llamado a declaración de quienes figuran como sus benefactores.

"Ante la denuncia que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, el estudio Pérez Chada prestó colaboración para que no se demorara la presentación de Gabriela Michetti en el expediente. Su intervención sería hasta tanto la vicepresidenta designara al abogado que efectivamente llevara adelante su defensa en este juicio. Ya ha sido designado y se trata de Ricardo Gil Lavedra", se indicó en un comunicado de la Vicepresidencia de la Nación. La idea de la vice era presentar un descargo por escrito, con el objetivo de esquivar cualquier eventual llamado a indagatoria por parte del juez Ariel Lijo, quien aún debe completar la lista de pedidos requeridos por el fiscal Guillermo Marijuan, quien imputó a la vice al impulsar la causa en su contra.

La investigación también se centrará en la figura de Juan Martín Tonelli Banfi, pareja de Michetti y quien no mencionó, en la causa judicial por el robo, que hubiera aportado u$s50 mil, a la vez que informó que él mismo llevó a la vivienda de la vice $200 mil "para" ser donados. Pedirán sus declaraciones juradas para establecer el origen de las divisas. Su hermano fue nombrado este año en el servicio exterior de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Carlos Tonelli Banfi fue nombrado a instancias del intermediario de futbolistas Gustavo Arribas. En paralelo, varios funcionarios que tributan al michettismo fueron nombrados en áreas clave en el Registro de Precursores Químicos, en el ojo de la tormenta durante el kirchnerismo por el tráfico de efedrina. Michetti detalló la deuda con Tonelli en su declaración jurada de 2015 por un valor de $461.050, cuyos datos finalizaron su carga en la Oficina Anticorrupción a las 16 del 3 de junio pasado.

Los denunciantes (los diputados K Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade), que han logrado que la causa gire e incluya a varias fundaciones ligadas al PRO, se presentarán a pedir que se amplíen las medidas de prueba. Aportarán testimonios periodísticos sobre las distintas defensas públicas que hizo la vice de SUMA, en las que detalló la transparencia de su accionar bancarizado, las auditorías externas y el registro de aportantes. La Inspección General de Justicia (IGJ) confirmó que ninguna de las ONG requeridas (Creer y Crecer, de Néstor Grindetti, Formar, de Guillermo Dietrich y Fundar Seguridad y Justicia, de Eugenio Burzaco) presentaron algún balance de su actividad en los últimos años.

Lo más relevante es el pedido de declaración testimonial de las empresas que figuran como aportantes de Michetti en la nómina pública de la fundación, y que estuvieron presentes en la gala de la controversia que se llevó a cabo el 30 de noviembre. Allí, la actual vice pidió un minuto para homenajear a Tonelli y entonó a cappella el feliz cumpleaños al estilo de Marilyn Monroe. En esa gala -que habría sido el destino original de los fondos que fueron robados- se mostraron en pleno los benefactores de la ONG. Es por eso que los legisladores pedirán que se cite a declarar como testigos a quienes aportaron dinero como Grupo Petersen, varios bancos de primera línea, Microsoft, Aeropuertos Argentina 2000, las constructoras Riva SA y Criba, además de Grupo Farallón, la empresa que quedó en la mira luego del procesamiento de Eduardo Gutiérrez como uno de los testaferros del exsecretario de Obras Públicas José López, quien habría colaborado en disimular la propiedad de la mansión de Dique Luján, la que el exfuncionario simulaba alquilar.