La Justicia desestimó por falta de pruebas una demanda del Gobierno nacional contra la multinacional Monsanto en un caso de supuesta competencia desleal que involucra a la soja transgénica y al herbicida glifosato.
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La Cámara en lo Civil y Comercial Federal falló a favor de la multinacional cerealera en una causa en la que la Secretaría de Agricultura (SAGPYA) le había adjudicado prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia. «No existen en esta oportunidad elementos de juicio que sean suficientes para determinar que Monsanto Company y/o Monsanto Argentina hubieran incurrido en alguna conducta contraria a la defensa de la competencia», sostuvo el fallo conocido ayer,
La causa se originó entre 2005 y 2006, cuando la SAGPYA denunció a Monsanto por «haber iniciado, en diversos países de la Comunidad Económica Europea (CEE), acciones legales tendientes a obstruir el comercio de harinas de soja y otros productos derivados del poroto de soja provenientes de la República Argentina».
Monsanto alegó que se habrían «violado derechos de propiedad intelectual sobre la Soja Round Up Ready (Soja RR)», y pretendía «cobrar las regalías pertinentes por parte de quienes vendieran o comercializarán esos productos».
Según se desprende del fallo, en 1996 Monsanto lanzó al mercado argentino una semilla de soja genéticamente modificada («Soja RR») para ser resistente al principio activo Glifosato, base del formulado «Round Up», un herbicida total y eficaz para todo tipo de malezas.
Para las autoridades nacionales, «si bien Monsanto fue titular de los derechos de propiedad del principio activo Glifosato, en la Argentina se le denegó la patente de reválida del gen». Por cuanto a la fecha de presentación «ya era de dominio público, no obstante lo cual habría cobrado regalías como resultado de los contratos suscritos con los semilleros que desarrollaron materias primas con dicho gen».
Pero ahora la multinacional logró un triunfo judicial y continuará la comercialización de sus productos.
De todos modos, el fallo aclara que «no implican de modo alguno un adelanto de opinión respecto de la situación que se pudiera plantear ante la incorporación de nuevos elementos que acreditasen un ejercicio abusivo de los derechos de Monsanto, o bien ante nuevos actos o conductas».
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