La Paz y Lima - El Gobierno de Bolivia rechazó ayer la acusación de dirigentes oficialistas peruanos que involucran a Evo Morales en un reclamo indígena cuya represión dejó decenas de muertos. «No vamos a aceptar la mentira, la calumnia, más aún utilizando una carta que reivindica la vida», dijo el vicepresidente, Alvaro García Linera.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Morales había enviado una carta de adhesión a una reunión continental de pueblos indígenas que se realizó a fin de mayo en la localidad peruana de Puno. García Linera enfatizó que «las palabras, los papeles y las ideas de dignidad no asesinan, no matan».
La violencia desatada en la localidad de Bagua, Amazonia peruana, causó la muerte de varios indígenas y la desaparición de un centenar de nativos, según datos de organizaciones originarias. El Gobierno peruano informó, por su parte, la muerte de 22 policías y nueve civiles.
Por caso, el diputado peruano Luis González Posada, de la oficialista Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), pidió investigar «la conexión boliviana» en los hechos.
Ayer continuaba el bloqueo parcial de una ruta en rechazo a los perjuicios que ocasionaría una ley para atraer inversiones a la zona. No obstante, centenares de camiones pudieron ingresar a Yurimaguas, puerto vital para el abastecimiento de Iquitos, la principal ciudad amazónica.
El líder de los indígenas amazónicos Alberto Pizango salió del frente de lucha y recibió asilo político de Nicaragua, un día después de que se refugiara en la embajada de ese país en Lima tras ser acusado de desatar la violencia. Ahora, espera un salvoconducto que le permita salir de Perú.
En tanto, el presidente Alan García sufrió la renuncia de su ministra de la Mujer, Carmen Vildoso, quien expresó desacuerdo por cómo fue manejada la crisis en el seno del Gobierno, en el cual quedó abierta la posibilidad a un pronto reajuste en el gabinete.
Dejá tu comentario