Moyano enredado: obra social tenía documentación falsificada

Hugo Moyano

La Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca), que preside Hugo Moyano, quedó ayer más comprometida en una causa judicial por presunta defraudación a la administración pública, a partir del resultado de un peritaje. El juez federal Claudio Bonadío recibió el informe de un estudio según el cual resultaron «apócrifos» los troqueles presentados por la organización sanitaria para el cobro de reintegros estatales por la cobertura de tratamientos médicos complejos. Como anticipó este diario, Bonadío había recibido la semana pasada del Ministerio de Salud el listado completo de pacientes declarados por Oschoca por haber sido tratados por ese tipo de dolencias.

La de Bonadío es una causa paralela a la que investiga el juez Norberto Oyarbide por la denominada «mafia de los medicamentos», con detenidos como el sindicalista Juan José Zanola. A diferencia de la de Oyarbide, que extendió las pesquisas a un número indeterminado de obras sociales, la que instruye Bonadío apunta sólo a la organización de salud que encabeza Moyano y que en parte gerencia una empresa privada, Iarai, ligada a la esposa del camionero, Liliana Zulet.

Reembolso

La denuncia original había sido presentada en 2006 por un rival de Moyano, el sindicalista platense de la construcción Juan Pablo «Pata» Medina, y en el último tiempo cobró velocidad a instancias de los peritajes ordenadas por el magistrado.

El peritaje que recibió ayer Bonadío fue practicado sobre troqueles de un medicamento para el tratamiento del cáncer de colon, llamado Erbitux. Los troqueles son los cartoncitos que forman parte de la caja de los remedios, que se utilizan para el cobro de subsidios o reintegros. En el caso concreto de los remedios complejos, las obras sociales pueden obtener el reembolso de su valor a través de la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo del Ministerio de Salud que se encarga de reintegrar el dinero de ese tipo de medicaciones una vez verificada su compra.

El peritaje hecho por el Instituto Nacional de Alimentos y Medicamentos (Iname) determinó que resultaron falsos los troqueles que presentó Oschoca ante la APE. El abogado Daniel Llermanos, defensor del jefe de la CGT, había objetado la realización del estudio tras alegar que no había sido convocado a una declaración testimonial con un especialista. La Sala II de la Cámara Federal porteña, sin embargo, confirmó a principios de mes la validez de esa medida de prueba.

La APE fue en los últimos años un organismo bajo el control casi directo del jefe de la CGT. Al frente de esa entidad, que maneja un presupuesto anual que oscila los 1.000 millones de pesos, estuvo siempre desde 2006 un abogado de confianza del gremio de Camioneros: primero fue Juan Rinaldi, en 2006; dos años después fue el turno de otro letrado, Hugo Sola, y un año atrás fue designado Daniel Colombo Russell.

La distribución de fondos era cuestionada por los adversarios de Moyano por entender que se realizaba con criterios discrecionales, hasta que Rinaldi, a pedido de la entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña, modificó el otorgamiento de subsidios por el de reintegros. Tanto Bonadío como Oyarbide sospechan que ese cambio obligó a una revisión de la maniobra supuestamente defraudatoria, y a la elaboración de troqueles falsos.

Mientras Bonadío avanzó con los peritajes y los listados pedidos a la cartera sanitaria, Oyarbide también dio pasos en torno a Moyano con un nuevo allanamiento, la semana pasada, sobre Droguería Urbana, la principal proveedora de remedios costosos de Oschoca.