Su defensa sostuvo que operaciones inmobiliarias por terrenos en La Falda fueron lícitas y ajustadas al mercado. Amenazó con acciones legales si lo acusan.
Hugo Moyano
El juez federal Alejandro Sánchez Freytes tomó declaración indagatoria al líder del gremio de los camioneros, Hugo Moyano, en la causa en la que se lo investiga por presunta defraudación y lavado de dinero, a raíz de la compra de unos terrenos. Ante el juez, pidió ser desvinculado del expediente, rechazó los delitos que le imputan, solicitó su archivo y apuntó que la causa en su contra es "política". La acusación surgió en diciembre de 2017 por la compra de cinco terrenos en La Falda, por una suma de $6 millones, que unos meses antes los vendedores lo habían adquirido en $310.000. Las operaciones inmobiliarias sospechosas fueron denunciadas ante la Unidad de Investigación Financieras (UIF) que señaló la diferencia de valores respecto de los del mercado en la maniobra de compra-venta lícita. Es una de las causas que orbitan en la constelación de expedientes contra el líder camionero y que desde su defensa señalan como un ataque del Gobierno por su postura díscola y su reclamo de paritarias.
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La defensa de Moyano sostuvo ayer que "la operación inmobiliaria referida en la presente causa se ajustó a la normativa legal y al régimen estatutario del Sindicato (de Camioneros, el último en adquirir los terrenos), pagándose el precio que estimábamos adecuado -en la relación ´precio de mercado/interés del comprador- con fondos en la cuenta del Banco Provincia de titularidad del Sindicato y por el valor exacto al declarado en la escritura traslativa de dominio, extremos que rechazan de plano cualquier hipótesis de imputación penal".
Señaló además que "por la ubicación estratégica del predio -lindero a la propiedad de Camioneros- consideramos que la compra era absolutamente beneficiosa, máxime teniendo en cuenta que esos terrenos poseían una edificación donde había funcionado un local bailable que provocaba demasiadas molestias a los afiliados que se alojaban en el Hotel". Según la defensa, "cuando se cerró el local bailable, el lugar se convirtió en tierra de nadie generándose hechos vandálicos de todo tipo. En esa época habíamos realizado valiosas reformas en el referido hotel perdiéndose, en virtud de ellas, el quincho. Surgió así la necesidad de poseer un espacio amplio para preparar las comidas típicas de la zona". Añadió que "el intendente Eduardo Emilio Ardu expresó su satisfacción porque la compra mejoraba la seguridad y estética del lugar".
A su vez, el escrito de defensa apuntó que Moyano, está "convencido de que la causa se inició por motivos políticos".
Finalmente, los abogados rechazaron que pueda calificarse el delito como "Desvío de fondos" o "Reciclado de ganancias ilíctas", tal como había concluido la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos en su actuación preliminar. Y agregó que "son términos que repudio de plano por constituir injustificadas calumnias, reservando las acciones legales respectivas por los daños y perjuicios causados por la falsa imputación".
La fecha inicial para la indagatoria a Moyano -la primera de una saga de expedientes que lo rozan pero no llegan a generar una imputación sobre el líder camionero- estaba originalmente prevista para el 31 de mayo. Sin embargo, se pospuso hasta ayer.
El escenario judicial para el gremialista aguarda un peritaje ordenado a los expertos de la Corte por el juez Claudio Bonadio sobre la documentación secuestrada en empresas vinculadas a la familia del líder sindical. Es por supuestos desvíos de dinero de la obra social del gremio que podrían implicar maniobras de lavado de dinero. Se pusieron en la mira los balances de las firmas Iarai SA, Dixey SA y Aconra SA. La primera actuaría como gerenciadora y además como presunta "prestamista" de las otras sociedades del grupo.
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