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Moyano versus empresas para darle aire a Macri
• UNA CGT APUNTÓ CONTRA EL JEFE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.
• GREMIOS DE ALIMENTACIÓN ACUSARON A COPAL POR INFLACIÓN.
Hugo Moyano
La estrategia es consistente con el plan oficial de diferir en lo posible el arranque de las principales negociaciones salariales con un doble propósito: aguardar una posible desaceleración en los precios, por un lado, y por otro avanzar en el combo de mejoras no salariales que prepara el Gobierno que, como adelantó este diario, contempla cambios en Ganancias y asignaciones familiares, y desembolsos mayores para las obras sociales sindicales.
El equipo económico se tomará el verano para madurar su propósito y esperar, mientras tanto, un reordenamiento de la interna de la CGT antes de forzar una foto de sindicalistas y empresarios con Macri, tal como informó este diario días atrás. El objetivo es siempre el mismo: más tarde o más temprano, conseguir la firma de aumentos salariales inferiores al 30% (los funcionarios plantean un rango mínimo de 24% y uno máximo de 28 por ciento) y un compromiso de las cámaras patronales de no subir sus precios.
En este último tramo, los movimientos y declaraciones de empresarios le dieron al sindicalismo la oportunidad propicia para sacudirse la modorra veraniega y elevar el tono de la confrontación. Moyano firmó un comunicado en el que le adjudicó a De la Vega un "atentado a la paz social". El documento respondió a los dichos del empresario acerca de que reclamos salariales por arriba del 30% "no contribuyen a la paz social".
"Algunos empresarios, si tuvieran vergüenza, se tendrían que callar la boca", señala el texto sobre De la Vega, a quien considera "responsable de la brutal remarcación de precios que hubo desde el mes de noviembre, en complicidad con el Gobierno de CFK", en alusión a la expresidente Cristina de Kirchner. Así, exculpó a Macri de los efectos en los precios de la devaluación del peso.
En una línea similar, aunque con acusaciones también a la actual gestión, la Confederación de Sindicatos de la Industria de la Alimentación (Casia) emitió ayer un comunicado para condenar la postura de su contraparte empresaria, la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) de negarse a retrotraer sus precios a la última semana de noviembre, como había pedido el Gobierno, así como la de limitar el alcance del nuevo acuerdo de Precios Cuidados.
"Estas decisiones trascienden, dramáticamente, en momentos que se conocen nuevos ataques a la economía popular. Todo ello exterioriza voracidad por maximizar beneficios, con egoísmo y, obviamente, con incumplimiento del tantas veces pregonado compromiso social empresarial", destaca la Casia. Una particularidad de esa confederación es que reúne gremios de las tres CGT: la de Moyano, la de Antonio Caló y la de Luis Barrionuevo. De hecho, el propio gastronómico es parte de esa estructura, así como los gremios de la Alimentación, el de peones rurales (Uatre) de Gerónimo Venegas y el de panaderos de Abel Frutos, entre otros.
Pero la Casia fue más allá y denunció "la intencionalidad gubernamental, en vísperas de negociaciones convencionales, por instalar públicamente, en los trabajadores, el temor a la pérdida del empleo". "Se trata de una maniobra extorsiva que evidenciaría coincidencias objetivas entre empresarios y autoridades tendientes a reducir el poder adquisitivo salarial, decisión que se pretendería convalidar socialmente a través de un reiteradamente anunciado acuerdo social", añade el núcleo en respuesta al ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, quien advirtió que los sindicatos deberían evaluar si sus planteos salariales ponen en riesgo el nivel de empleo.


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