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Multaron a funcionaria de Garré
El magistrado resolvió ayer hacer efectiva la multa de $ 500 diarios que le había impuesto a Caamaño, uno de los funcionarios involucrados en la orden judicial de desalojo vigente desde marzo. Desde la primera manda de desalojo pasaron 68 días hasta su concreción.
Se trata del predio de viviendas ubicado en las calles Lafuente, Castañares y Portela del Bajo Flores, que estaban destinadas a pobladores de la ribera del Riachuelo y que habían sido ocupadas en marzo.
La multa se extendió a la viceministra «por el lapso temporal que se mantuvo su reticencia» y «bajo apercibimiento de trabar el embargo correspondiente que tienda a su efectivo cobro». El juez ordenó remitir el dinero a la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y aplicarlo «a la reparación, reacondicionamiento y puesta en valor de los inmuebles desalojados».
En caso de incumplimiento Armella resolvió pedir «a los organismos correspondientes la certificación de ingresos que por su función percibe -en todo concepto-, así como también su declaración jurada de bienes, a los efectos de efectuar los embargos de ley que pudieran corresponder».
La ocupación del predio fue objeto de una tensa negociación entre los gobiernos nacional y porteño, que le endilgaban a la otra administración la responsabilidad de sacar a los ocupantes. La disputa se zanjó con una audiencia convocada por la Corte Suprema que le ordenó al Gobierno porteño disponer que la Policía Metropolitana estuviese a cargo del desalojo, con asistencia de la Federal.
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