Nación y provincias: ante el desafío de una apuesta de ganancia mutua

• EL PACTO FISCAL, CLAVE PARA LA GOBERNABILIDAD Metas impositivas y de reducción del gasto público condicionan éxito de gestión de Macri y de gobernadores. Su cumplimiento habilita mejores chances electorales 2019.

Consenso. El acuerdo sellado el 16 de noviembre en la Casa Rosada fue fruto de un amplio entendimiento entre las provincias y la Casa Rosada.

El amplio triunfo de Cambiemos en las elecciones legislativas de octubre le permitió a Mauricio Macri encarar una política más proyectiva en relación a las provincias.

Esa fortaleza empujó al Gobierno al cuadrilátero de una negociación impostergable para lograr, fundamentalmente, el acompañamiento de los estados subnacionales a la modificación impositiva que permitirá -según los cálculos de la Casa Rosada- hacer viable y competitiva a la economía nacional.

El Pacto Fiscal sellado en noviembre tras largas negociaciones con todos los gobernadores, en especial con los peronistas sin los cuales sería impensable montar cualquier esquema de gobernabilidad sostenida, fue a "toma y daca".

Se trata de un acontecimiento importante que podría cambiar la frontera de una decena de problemas que arrastra el grueso de los distritos desde hace casi dos décadas.

Para lograr ese objetivo hace falta el compromiso real de las partes, dejando de lado las mezquindades políticas para hacer un aporte que termine siendo, a larga, históricamente sano y efectivo para la endeble salud de las finanzas públicas.

Quizás haya sido la puja por el Fondo del Conurbano que empujó María Eugenia Vidal el motor de arranque de esta discusión. La dama de Buenos Aires, dueña de una imagen positiva superior incluso a la de Macri, transmitió hace un año la imposibilidad de sostener la economía del mayor estado argentino en base a los estándares de financiamiento actuales. El riesgo de un error políticamente inoportuno.

Acuerdo político

Desde entonces los caminos se fueron orientando hacia una misma dirección: la necesidad de arribar a un acuerdo político definitivo en el que ninguna provincia terminara cediendo recursos para compensar la renguera bonaerense.

Luego de una fuerte apuesta por el diálogo que coronó a favor de Cambiemos con el triunfo electoral de octubre, los gobernadores y el Gobierno nacional cerraron filas detrás de un amplio esquema de ajuste y reestructuración del gasto, cuyo éxito está atado inexorablemente al repunte de la economía general.

Buenos Aires recuperó aquel día los ingresos por el Fondo del Conurbano que en 2019 le aportarán 65 mil millones de pesos extra. Allí la Nación se metió con otro problema: el déficit de la ANSES, que debe corregir la fórmula actual de las jubilaciones para sortear un serio problema en el futuro próximo.

Con todo, hay en ambos lados, en el Gobierno y en las provincias, una planificación política que mira a las elecciones de 2019, cuando se renovarán además de la Presidencia- todas las gobernaciones (a excepción de Corrientes y de Santiago del Estero) y parte de las dos cámaras del Congreso.

Es lo que muchos mandatarios describen como un acuerdo de mutua conveniencia, que se recordará como el momento en el que las provincias le dieron a un presidente de signo político diferente un espaldarazo sin precedentes que permitió establecer una trabajosa solidez, al menos para blindar el corto plazo.

Un acuerdo que, además, les posibilita a las provincias, sin perder su independencia ni resignar aspiraciones financieras, promover acciones de intercambio con la Casa Rosada, clave para la sustentabilidad económica y política.

El 2018 será entonces el año que pondrá a prueba este ying-yang entre Macri y los gobernadores, cuyo resultado terminará impactando de lleno no sólo en las aspiraciones electorales del año siguiente, sino en la bendita e histórica posibilidad de sacar del letargo a las economías subnacionales que empujan, en definitiva, a la totalidad del país. Un esfuerzo individual que estará puesto al servicio del bien común.