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Narcos mexicanos ejecutaron en un rancho a 72 inmigrantes
Una imagen del rancho de San Fernando.
El hallazgo tuvo lugar en el municipio de San Fernando, en el norteño estado de Tamaulipas, e involucra los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres.
«Los cuerpos estaban tirados en la superficie del rancho y no enterrados en una fosa. Estamos investigando todavía el tiempo que tienen en el lugar», dijo un vocero de la Secretaría de Marina, quien no dio más detalles. La Marina en México se encarga de la custodia de las costas y zonas aledañas. Antes del hallazgo, un hombre herido de bala en el cuello, de nacionalidad ecuatoriana, había solicitado ayuda a marinos de un puesto de control en una ruta, y dio las pistas para llegar al lugar de la matanza.
Al acudir al rancho en cuestión, personal de la Marina fue repelido a tiros. En el enfrentamiento murieron un marino y tres presuntos sicarios. Luego fueron decomisados rifles de asalto, balas, uniformes y camionetas, entre ellas una con falsas patentes del Ejército. Hubo un detenido, que resultó ser menor de edad.
«De acuerdo con información preliminar por confirmar, pudieran ser inmigrantes indocumentados de diversas nacionalidades, entre las que se encuentran El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil», dijo un funcionario en conferencia de prensa.
El dato se daba anoche por seguro y la Cancillería mexicana definió que la masacre «enluta» a Latinoamérica.
«La cancillería mexicana se comunicó con nuestro embajador en el Distrito Federal, Sergio Florencio, y le informó oficialmente que fueron hallados los cuerpos de cuatro ciudadanos brasileños. Por el momento no conocemos el sexo ni las identidades de esas víctimas, sólo que son cuatro», dijo a su vez un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
Según la versión del ecuatoriano sobreviviente, todos los asesinados serían inmigrantes ilegales que fueron interceptados por supuestos miembros de los Zetas, ex militares de elite que habían pasado a conformar el brazo armado del cartel de drogas del Golfo, con el que hoy están enfrentados.
Una práctica frecuente en la zona norte de México es que los carteles extorsionen a inmigrantes que pretenden pasar a Estados Unidos.
La violencia ligada al narcotráfico recrudeció desde que el presidente Felipe Calderón asumió el poder, a fines de 2006, y lanzó una lucha frontal contra los carteles de la droga en la que participan decenas de miles de militares y policías. Los resultados fueron magros, se recortaron derechos civiles y en ocasiones los efectivos resultaron involucrados en el tráfico de drogas. A la luz de los hechos, Calderón dio parcialmente marcha atrás este año con la presencia de militares en zonas críticas, como Ciudad Juárez.
A principios de junio fueron encontrados 55 cuerpos en una fosa clandestina en el sureño estado de Guerrero, mientras que en julio se localizaron 51 cadáveres en un municipio aledaño a la ciudad de Monterrey, en el norte del país. En medio de una ola de asesinatos relacionada con el tráfico de drogas, más de 28.000 personas murieron en todo el país desde que Calderón asumió. Diversas ONG han denunciado esta estadística como fraguada y sostienen que las víctimas serían muchas más.
Tamaulipas es escenario de un feroz enfrentamiento entre los carteles del Golfo y los Zetas, por disputas de territorios y rutas que antes compartían.
Armados con un enorme arsenal de granadas, armas automáticas, dinamita e incluso lanzamisiles, el cártel del Golfo y los Zetas también se enfrentan por las rutas de las drogas hacia Estados Unidos con el poderoso cártel de Sinaloa, que dirige el capo más buscado, Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Un popular candidato a gobernador del Partido de la Revolución Institucional (PRI) del estado fue asesinado a fines de junio.
«Seguramente tendremos una fase todavía muy intensa de violencia, principalmente entre cárteles», reconoció Calderón ayer en una entrevista con W Radio.
Según el portavoz nacional de Seguridad, Alejandro Poiré, si se confirma la declaración del testigo ecuatoriano se demostraría que el narcotráfico mexicano está recurriendo al secuestro y la extorsión de indocumentados en busca de recursos ante «la situación adversa» que enfrentan.
Agencias Reuters, EFE, DPA y AFP

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