Ñoquis: acusan de acción mafiosa a ex concejales

El juicio oral y público por la supuesta contratación de ñoquis en el ex Concejo Deliberante cerró la etapa de testimonios y presentación de pruebas con un escándalo en plena sala de audiencias: el ex concejal radical Eduardo Pacheco acusó al ex dirigente de ese partido Miguel Hersber, de una supuesta acción mafiosa a partir de la que se originó la causa, y presentó nuevas pruebas que cuestionaban a los testigos de la fiscalía. De los 47 damnificados que figuraban en la causa al ser elevada a juicio, sólo 3 o 4 testigos quedaron en pie como víctimas de las supuestas contrataciones irregulares.

«Esto es como que en un juicio por asesinato aparezca el muerto en pleno proceso y siga el juicio como si nada», sentenció el defensor de Pacheco, al presentar nuevas pruebas que el fiscal Eduardo Marina no quería admitir. Entre los testigos objetados por Pacheco se encuentra Elvira Bracamonti, quien aseguraba que ella se había acercado a Fernando de la Rúa para pedir ayuda con su tratamiento oncológico y había terminado en la nómina de personal del Concejo sin saberlo. La semana pasada, Pacheco presentó una boleta de la sección 9ª de la UCR, donde Bracamonti figuraba como su vicepresidente.

Pacheco también presentó pruebas sobre otros cuatro testigos, quienes, a pesar de haber declarado hace 15 días ante el tribunal que no sabían que habían sido contratados en el Concejo, hace unos 3 años pidieron en el organismo una nota de reconocimiento de servicios para tramitar su jubilación.

Una de ellos fue Delia Pagano, quien había asegurado no tener ningún tipo de vínculos con el personal del organismo, y resultó ser la suegra del ex concejal Eliseo Roselló. Otro de los imputados, Carlos Bernardou, objetó la actuación del fiscal de instrucción Augusto Troncoso, ya que al tomarle el primer testimonio le preguntó por una sola de sus hijas, no precisamente la que estaba en pareja con Roselló.

Se demostró además que otra de las supuesta damnificadas, Stella Maris Pirilo, había presentado como prueba de su contratación irregular recibos falsos, cuya ficha original pertenecía a Juan Carlos Roviti, secretario de Eliseo Roselló y que nunca fue citado a declarar.

Los imputados por parte de la UCR apuntaron contra Roselló y Hersber, supuestos responsables de una operación contra el entonces jefe de Gobierno, Fernando de la Rúa, a través de el abogado ya fallecido Juan Carlos Iglesias. Roselló optó desde un principio por el juicio abreviado (sobre el que el tribunal se pronunciará al final del proceso), mientras que Hersber nunca fue imputado en esta causa.