11 de marzo 2019 - 23:22

Plazo de prescripción donde las pymes se ven afectadas

En el contexto actual, el plazo de diez años para ejercer las amplIas facultades fiscales establecido a favor de la AFIP para empleadores inscriptos, en especial, para las Pymes, es contrario a la seguridad jurídica.

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A partir del año 1993(1), la AFIP se hizo cargo de fiscalizar, recaudar y cobrar judicialmente los recursos tributarios destinados a la seguridad social, motivo por el cual la normativa tributaria se fue adaptando para lograr una mayor recaudación en esa materia. Es más, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo dictado el 18 de junio de 2008, en la causa “San Juan Provincia de c/AFIP – DGI s/impugnación de deuda”, en donde se trataba una cuestión vinculada a los aportes y contribuciones de la seguridad social y a las obras sociales reclamados por la AFIP, el Máximo Tribunal sostuvo que ese tipo de contribuciones obligatorias de carácter asistencial integran el género de los tributos a los efectos del principio de legalidad fiscal. Así, existen similitudes de hecho y de derecho entre los impuestos y los recursos de la previsión social que no tienen su correlato cuando se analizan las normas que regulan la prescripción, con la consecuente afectación de la actividad de las Pymes y la promoción del trabajo registrado(2) en nuestro país.

1| Término a favor de la AFIP

Sin plantear una discusión técnica acerca de la naturaleza jurídica de este tipo de recursos fiscales, lo cierto es que, cuando se trata de reclamar aportes y contribuciones de la seguridad social, la AFIP cuenta con un plazo de diez años(3) ya sea que el contribuyente o responsable esté o no inscripto como empleador. Sin embargo, si se trata de impuestos nacionales, la AFIP tiene un plazo de cinco años para los contribuyentes inscriptos y de diez años para los no inscriptos(4). En otras palabras, la AFIP tiene a su favor un plazo mayor para ejercer sus amplias facultades y reclamar las obligaciones relativas a los recursos de la seguridad social respecto de todos los contribuyentes, con sustento legal en una norma de muy antigua data que, al momento de su dictado, no tuvo en consideración la realidad actual de nuestro país.

Por lo tanto, hoy un contribuyente inscripto, está en condiciones de tener inspecciones de la AFIP con dos plazos de prescripción diferentes, según se trate de impuestos y de recursos de la seguridad social, generando así incertidumbre e inseguridad jurídica, situación que se encuentra agravada en el caso de las Pymes al involucrar la contratación de personal en relación de dependencia(5).

En nuestra opinión, es imperiosa la necesidad de modificar legislativamente el plazo de diez años fijado por la ley 14.236 en materia de recaudación de tributos de la seguridad social y adaptarlo a los cinco años que se aplica para los impuestos cuando se trata de un contribuyente inscripto.

Entre los distintos aspectos a ponderar, se destaca el uso de herramientas informáticas por la AFIP que, desde hace muchos años, puso en cabeza de los contribuyentes y responsables la carga de los datos que impactan en la recaudación a tal punto que hoy todas las obligaciones tributarias se cumplen a través de su página web oficial. Así, tiene conocimiento cierto y en tiempo real con solo acceder a sus bases informáticas, con el consecuente control directo sobre toda la información del contribuyente y, a su vez, es la propia AFIP quien utiliza sus sistemas informáticos con total discrecionalidad y constituyen un instrumento insustituible en el ejercicio de sus facultades de control y de fiscalización. Nada de esto ocurría en el año 1953 ni podían siquiera imaginarlo los legisladores de entonces.

Otro aspecto a evaluar es que, a consecuencia del avance de las comunicaciones, la actual tendencia del derecho comparado es reducir los plazos de prescripción, que fue receptada por nuestro Código Civil y Comercial de la Nación de reciente vigencia(6). En suma, es irrazonable mantener un plazo tan excesivo de prescripción pensado para otro país y en otro contexto mundial. Hoy la Argentina está inmersa en el proceso de globalización y de “internetización” que modificó las conductas humanas en todos los aspectos(7) y ya es imposible ser indiferente a los cambios que la tecnología introdujo incluso en el proceso judicial argentino.

Por último, es importante recordar un fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace casi diez años, en la causa “AFIP c/Carrera Damian Bruno s/Ejecución fiscal”(8), en donde, en base al Dictamen de la sra. Procuradora Fiscal, advirtió expresamente que el plazo de cinco años resulta más que suficiente para la AFIP atento que cuenta con información a través de sus modernos sistemas y aplicativos.

2| Palabras finales

En este contexto actual, el plazo de diez años para ejercer las amplísimas facultades fiscales establecido a favor de la AFIP para empleadores inscriptos, en especial, para las Pymes(9), es contrario a la seguridad jurídica y a la promoción del empleo registrado, con impacto real en la actividad económica y social. Obviamente, esta regla general de prescripción contenida en la ley 14.236, prehistórica desde el punto de vista normativo, también afecta derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional como el derecho de propiedad y la garantía de igualdad ante la ley, motivo por el cual sería conveniente que los legisladores nacionales se aboquen a su revisión para fomentar el trabajo registrado en nuestro país y fijen un plazo de cinco años similar al que regula los tributos nacionales para los contribuyentes inscriptos, manteniendo la prescripción de diez años para los no inscriptos.

(1) Decreto 507 (B.O.: 25/3/1993) y decreto 2102 (B.O.: 20/10/1993), que remiten a determinados artículos de la ley 11.683, t.o. en 1998 y sus modificaciones.

(2) El Congreso Nacional dictó numerosas leyes orientadas a proteger el trabajo registrado, las que no siempre lograron su objetivo según la actual tasa de desocupación y/o el cierre o la quiebra de empresas de larga y seria trayectoria en el mercado de nuestro país cuyos datos están publicados en cualquier diario o en páginas web oficiales, quedando así demostrado que las políticas implementadas hasta el día de hoy han fracasado. A modo de ejemplo: ley 25.013 (B.O.: 24/9/1998) de reforma laboral; ley 25.323 (B.O.: 11/10/2000) que incrementa indemnizaciones por trabajo no registrado o registrado de modo deficiente; ley 25.877 (B.O.: 19/3/2004); ley 26.063 (B.O.: 9/12/2005); ley 26.390 (B.O.: 25/6/2008) de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente; ley 26.847 (B.O.: 12/4/2013) que penaliza el trabajo infantil; ley 26.940 (B.O.: 2/6/2014) de Promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral; entre muchas otras.

(3) La norma que regula este plazo decenal es el art. 16 de la ley 14.236 (B.O.: 16/10/1953) que dispone que “Las acciones por cobro de contribuciones, aportes, multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social prescribirán a los diez años”.

(4) Art. 56, ley 11.683.

(5) Un dato a tener en cuenta es que la recaudación destinada a la seguridad social depende del trabajo en relación de dependencia por ser la causa del aporte y la contribución (art. 2 de la ley 24.241). Sin embargo, resulta curioso que el trabajador tenga dos años para ejercer cualquier reclamo (art. 257, Ley de Contrato de Trabajo) y el Estado Nacional siga manteniendo diez años a su favor basado en una ley del año 1953. Otro dato curioso es que un jubilado que obtuvo su beneficio previsional también tiene dos años para efectuar reclamos (art. 82, ley 18.037)

(6) Ley 26.994 (B.O.: 8/10/2014, con vigencia a partir del 1/8/2015).

(7) Para el neurocientífico Facundo Manes, ”La invención de Internet generó una de las grandes revoluciones de la historia de la civilización, ya que modificó de cuajo las prácticas de sociabilidad, comunicación y acceso a la información” de manera que “La sociedad digital se extiende de manera vertiginosa y transforma aspectos fundamentales del ser humano” (“Usar el cerebro- Conocer nuestra mente para vivir mejor”, Manes, Facundo – Niro, Mateo, pag. 147, ed. Planeta, 2014).

(8) Sentencia del 5 de mayo de 2009.

(9) Este plazo de diez años es utilizado por la AFIP para reclamar diferencias en contribuciones por aplicación del beneficio del decreto 814/2001 en contra de las Pymes a través de fiscalizaciones que se originan en información obtenida de los sistemas y bases de datos del citado organismo.

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