Nueva pelea por estatización aeronáutica

El debate legislativo sobre el precio a pagar a Lockheed por abandonar la concesión para que el Estado tome el control del paquete accionario de la ex Fábrica Militar de Aviones está en marcha. El mismo conflicto tuvo ya el Gobierno en el Congreso con la estatización de Aerolíneas Argentinas, la oposición no aceptaba que el Estado terminara haciéndose cargo de deudas ajenas y pagara por un patrimonio de valor desconocido. La Coalición Cívica, la UCR y el PRO no darán su apoyo al proyecto de ley de reestatización de la planta cordobesa si no se aclara previamente en qué condiciones se negoció la rescisión del contrato con la empresa estadounidense y por qué debe abonarse suma alguna si, como se sabe, habría incumplimientos de contrato de parte de la firma norteamericana.
Los diputados, Marcela Rodríguez (Coalición Cívica), Esteban Bullrich (PRO) y Rubén Lanceta (UCR) anticiparon su rechazo a acompañar el proyecto de ley que en breve enviará el Gobierno al Congreso. También protestan porque la ex Fábrica de Aviones Militares, al igual que todas las empresas que fueron transferidas al sector privado en los 90, está bajo el régimen que estableció la Ley 23.696 de Reforma del Estado. Esa norma obliga al Gobierno nacional a informar al Congreso «toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos» a esos contratos y nunca se hizo, dicen enojados los legisladores.
Ayer Cristina de Kirchner encabezó en Córdoba el acto oficial por la renacionalización de la fábrica de aviones concesionada a Lockheed Martin, estuvo el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, quien pidió al Gobierno que el Estado provincial también adquiera parte del paquete accionario de la nueva empresa. Como anticipó este diario, la planta estatal recibirá el nombre de «Brigadier San Martín», en homenaje al primer director de aquel polo industrial, designado por Juan Perón en la década del 40. Lo de Schiaretti será bienvenido por la administración Kirchner, siempre es grato compartir la carga de tener que echar mano al bolsillo de los contribuyentes, éstos pagarán con sus impuestos los 70 millones de pesos para la salida anticipada de la contratista norteamericana.
La concesión a Lockheed entró en vigencia el 1 de julio de 1995 por un lapso de 25 años, hasta el 30 de junio de 2020. La empresa estaba obligaba a dos actividades: realizar el mantenimiento de una parte de los aviones de la Fuerza Aérea, los C-130 Hércules, IA-58 Pucará, Mentor, Fokker F 27 y F 28, Twin Otter, IA-63 Pampa y A4 AR Fightinghawks; y mantener las capacidades productivas de la fábrica, centradas casi con exclusividad en el programa de fabricación de los aviones Pampa. A principios de 2000, el Estado debía a la firma concesionaria 8 meses del canon, luego la crisis del Gobierno de Fernando de la Rúa agravó la situación y
la devaluación (el contrato original se pautó en dólares) dinamitó la relación contractual. Pero también lo es que el cronograma de entregas y trabajos realizados por Lockheed fue cuanto menos poco productivo. Resultó un taller de reparaciones caro, que atendía las aeronaves militares cobrando sin tener en cuenta el tiempo real ni el número de aviones reparados.
En más de un caso la Fuerza Aérea envió los aviones C-130 Hércules a reparaciones en el exterior para no ver afectada su capacidad operativa por las demoras de la planta cordobesa.
El Ministerio de Defensa tiene un plan B, si fracasa
la apuesta de incorporar a la brasileña Embraer en un tramo de la línea de producción y desarrollar partes y componentes para sus aviones, queda el recurso de utilizar la planta Brigadier San Martín en un escalón del mantenimiento de los aviones de Aerolíneas Argentinas. En tal caso habría que negociar también con otra fuerza, la Armada, que tenía un convenio de reparación con la línea de bandera.