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Nuevos jueces porteños: vuelve negociación PRO-K
El acto previsto para la toma de juramento, en la que se espera la presencia de la plana mayor de la administración porteña, tendrá como protagonistas a cuatro nuevos camaristas del fuero Contencioso Administrativo, un ámbito estratégico en la Justicia de la Ciudad. Se trata de Fernando Lima, Hugo Zuleta, Gabriela Seijas y Mariana Díaz, quienes estrenarán dependencias. También jurarán fiscales, jueces y defensores oficiales.
Con este escenario, la Justicia porteña llegará a fin de año con múltiples vacantes y la necesidad de poner en marcha los respectivos concursos en el Consejo. En el Gobierno porteño esperan que se reedite la buena sintonía con los representantes del kirchnerismo en ese ámbito (que actualmente preside el peronista Juan Manuel Olmos) a fin de agilizar tiempos y lograr acuerdos para las futuras designaciones.
Los acuerdos logrados entre macristas y kirchneristas, donde ha sabido tener su peso el actual presidente de Boca, Daniel «Tano» Angelici, suelen ser criticados por el resto de los partidos opositores al oficialismo porteño. También hay cuestionamientos desde la Justicia: en las últimas audiencias para los nuevos cargos, la candidata a camarista Seijas se manifestó contra «el amiguismo» al momento de la selección de jueces.
Angelici es un actor de peso al momento de la apertura de los concursos, especialmente por su buena relación con Olmos. En el último año el presidente boquense extendió su influencia en distintos ámbitos de la Justicia de la Ciudad al punto de colocarse al nivel de José Torello, el referente de Mauricio Macri para los avatares tribunalicios. En el ministerio de Justicia le atribuyen la idea de ascender a defensor general adjunto al exjuez Roberto Gallardo, un magistrado que solía traer dolores de cabeza al macrismo con sus medidas cautelares.
Como es habitual las nuevas vacantes en el fuero Contencioso serán las más cotizadas. La leyes de la Ciudad le otorgan a estos magistrados vastas atribuciones ya que actúan en defensa de los intereses de la jurisdicción con lo cual suelen ejercer un influencia determinante en pleitos que involucran al Gobierno porteño con empresas de servicios (como es el caso de los subterráneos) y sindicatos, así como también en cualquier circunstancia que altere la normalidad.
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