Oficialismo insiste con terna para cámara clave para empresas

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 El oficialismo insistió ayer nuevamente en la Magistratura con impulsar concursos decisivos para el fuero Civil y Comercial federal. La Comisión de Selección a cargo del diputado Héctor Recalde votó órdenes de mérito para el concurso 258 (juzgados de primera instancia) y para el 260 (juzgado de cámara). Los dos concursos volvieron al punto en el cual se encontraban en diciembre de 2012, cuando no se lograron los nueve votos necesarios en el plenario para luego ser girados al Ejecutivo. En ese entonces, la ley de medios todavía se discutía en la primera instancia de dicho fuero.

A dos años y cuatro meses, el panorama no ha variado: el kirchnerismo sigue con problemas para encontrar las voluntades necesarias y ayer por la tarde desde el bloque opositor el mensaje era que con los nombres aprobados en la comisión será prácticamente imposible brindar el acuerdo de 2/3.

En el caso de los juzgados de primera instancia, las objeciones recaen sobre las nominaciones de Marisa Garsco y de María Gagliardi. En el caso de la Cámara sucede algo similar con Mariana Pucciarello. Mientras esas candidatas integren el listado final, es inviable que el concurso avance. Esta determinación en el bloque opositor es reforzada por el camarista Luis Cabral, de la lista Bordó y enfrentado a la titular del Consejo, la camarista Gabriela Vázquez, de la lista Celeste.

El concurso 260 fue el que dio lugar, además, a uno de los escándalos más taquilleros del Consejo cuando el fiscal Federico Delgado denunció en la Justicia federal que la exconsejera Stella Maris Martínez haría incurrido en presuntas irregularidades para impulsar el pliego de Pucciarello. La causa la tiene Claudio Bonadío e involucra a un exfuncionario de bajo rango que se desempeñaba en Presidencia.

Los consejeros del oficialismo proponen para los juzgados de primera instancia una terna integrada por Silvina Bracamonte, Víctor Trionfetti, Carmen Palacios, Marcelo Gota, Javier Pico Terrero, Gagliardi y Garco. Por su parte, Cabral presentó un informe en el que cuestiona la asignación de puntajes.

Los puntajes de los concursos se han convertido en un terreno en el cual oficialistas y opositores pelean por los criterios que deberían adoptarse y cuestionan metodologías. Las entrevistas personales también generan cuestionamientos, especialmente por ciertas escenas, como aconteció hace tres semanas cuando un candidato ingresó al plenario a dar su entrevista acompañado por la camarista María Laura Garrigós de Rébori y una vez finalizada se retiró también acompañado por la actual titular de la Casación Penal ordinaria.

El kirchnerismo conoce que la aritmética es casi imposible de revertir en estos concursos, pero igual continúa planteando el debate con el objetivo de reforzar la idea de que el Consejo no funciona por la oposición, imagen que Vázquez refuerza cada vez que Cabral anuncia que no acompañará votaciones. Exactamente al revés de lo que sucedía en 2013, cuando el organismo (luego de que el Gobierno no logró cubrir dichas vacantes en plena batalla contra Clarín) se paralizó, pero por decisión del bloque oficialista.

Estos concursos implican reminiscencias dolorosas para el oficialismo. Gagliardi era objetada por la oposición en 2012 porque desde ese sector alegaban que no tendría imparcialidad para tomar el caso contra Clarín. El concurso no avanzó, la ley de medios llegó a la Corte, fue entendida como inconstitucional y el kirchnerismo atraviesa el tramo final de su administración sin poder aplicar las cláusulas de desinversión: rige una cautelar que posterga esas tratativas hacia el segundo semestre. No por nada, en el acuerdo que se firmó la constitucionalidad de esas normas Ricardo Lorenzetti dijo que la constitucionalidad no era el final del caso, sino que marcaba otro inicio, el de la aplicación. Por otra parte, ayer la Comisión de Disciplina de la Magistratura avanzó con un acento más bien policial cuando se decidió citar al juez federal de La Pampa José Charlin. La nota de esta decisión fue que unió a oficialismo y oposición, especialmente cuando se conocieron las vicisitudes que tuvieron lugar en el juzgado de Charlin, donde el juez habría amenazado a sus propios empleados con armas de fuego cuando éstos manifestaban cierto letargo en alcanzarle los expedientes.

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