Oficialismo, sin quórum en Magistratura

 La oposición dejó ayer sin quórum al oficialismo en el Consejo de la Magistratura. El kirchnerismo pretendía avanzar sobre la auditoría del Consejo, la cobertura de vacantes en la Justicia de Bahía Blanca y el jury contra el juez federal de Quilmes Héctor Armella.

La ausencia del diputado Héctor Recalde -de viaje- le dio la llave a la oposición para hacer caer el plenario previsto para ayer. El faltazo general se decidió en un encuentro el miércoles por la noche. Si bien los abogados Adriana Donato y Miguel Piedecasas no estaban del todo convencidos de esa estrategia, finalmente se impuso el criterio del juez Luis Cabral. De ahí el interés que ayer manifestaba el bloque oficialista por embestir contra el juez federal de San Juan Miguel Gálvez, muy cercano a Cabral (integran la lista Bordó) pero también al gobernador José Luis Gioja.

La Justicia bahiense mantiene un protagonismo explosivo en el Consejo, entre la avanzada contra el titular de la Cámara de esa ciudad y la cobertura de vacantes mediante subrogantes que, según la oposición, responderían al oficialismo en las causas que involucran al empresario Vicente Massot.

Si la tensión sólo fuera por el caso de Massot, el conflicto tendría rápida solución; el problema para el kirchnerismo es que los consejeros de la oposición están convencidos de que las causas de lesa humanidad son sólo el mascarón de proa de futuras maniobras para paralizar una investigación contra Lázaro Báez.

Es la misma dificultad que plantea el intento de jury a Armella. Si sólo dependiera del rol de este juez en el caso Acumar -que terminó en un escándalo de contrataciones irregulares-, la suerte del magistrado ya estaría sellada. Sucede que está muy instalada la percepción de que en realidad se trata de una represalia contra Armella luego de que éste se negara a cerrar un caso contra Aníbal Fernández en el pago chico del quilmeño.

Ayer el otro punto en debate era el destino del cuerpo de auditores de la Magistratura. Esa oficina hoy está en poder de la UCR luego de un pacto que en su momento suscribieron los senadores Ernesto Sanz y Nicolás Fernández y que fue referenciado por la propia Corte.

El bloqueo orquestado ayer por la oposición también tuvo la finalidad de anular cambios en ese plano. Existe una fuerte interna en el radicalismo por el destino del cargo que actualmente ostenta Jorge Meydac. Esta competencia es entre el sector de Sanz, que tiene en el senador Ángel Rozas un aliado en el cuerpo colegiado, y el de Claudia Levin, que actualmente dirige la Escuela Judicial y que representa ese núcleo de influencia que conforman el radicalismo santafesino y la Universidad del Litoral. Para tener en cuenta.

Ahora el oficialismo intentará desarrollar un plenario la semana que viene (ya con Recalde de regreso) y la oposición argumentará que esto es inviable por las actividades referidas a la campaña. No por nada ayer el viceministro Julián Álvarez se despachó contra el PRO al afirmar que detrás del boicot al plenario estaba la figura de Mauricio Macri.

Más allá de esta queja, el representante del Ejecutivo sobrevoló un detalle conocido en el organismo: el pedido del alcalde porteño a algunos consejeros opositores de que los principales concursos para cubrir vacantes no avancen en el último tramo del actual Gobierno. En esa misma reunión Macri planteó duras observaciones al presente de la Corte Suprema.

Ocurre que en el entorno del candidato se agita el concepto de cierta sintonía entre la Corte y el Gobierno en la fase final de la campaña. El ejemplo más reciente que ilustra esa convicción es el fallo contra Antonio "Jaime" Stiuso en favor de Gustavo Béliz dado a conocer cuatro días antes de que la Presidente arremetiera contra el espía en las Naciones Unidas.

Esa resolución, enfatizan quienes visitan a Macri en las tardes del Jardín Botánico, tiene cuatro firmas, fundamentos propios (no sólo los de Alejandra Gils Carbó) y el estilo implacable del secretario de Derecho Penal de la Corte, Esteban Canevari.