Oficialismo salvó por sexta vez en el año a Oyarbide

El Consejo de la Magistratura salvó ayer por sexta vez en lo que va del año al juez federal Norberto Oyarbide. El cuerpo rechazó una denuncia en contra del magistrado relacionada con su accionar en la causa por las escuchas telefónicas ilegales en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y dilató la decisión respecto de otro pedido en contra del mismo juez por el supuesto freno a la investigación de un colega suyo.

El organismo encargado de la selección y remoción de jueces ya había hecho zafar a Oyarbide de un apercibimiento en junio; de un juicio político al mes siguiente, y de otros tres en un mismo plenario, a mediados de octubre. El juez tiene en su despacho causas de extrema sensibilidad política: además de la investigación por las escuchas, lleva adelante el expediente por la denominada mafia de los medicamentos y uno de los juicios en contra del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

En uno de los últimos plenarios con la actual composición, el Consejo rechazó por unanimidad un pedido de citación al magistrado federal que había presentado el diputado macrista Federico Pinedo. Pero la Comisión de Acusación y Disciplina del cuerpo dilató la resolución acerca de otra demanda contra Oyarbide, por la presunta obstaculización de una investigación del juez federal Claudio Bonadío respecto de la obra social del sindicato de Camioneros (Oschoca).

El consejero instructor, Santiago Montaña, imputó a Oyarbide por su presunta negativa a entregarle documentación a su colega federal Claudio Bonadío. La postergación en la definición se concretó a pedido del todavía presidente del Consejo, Luis María Cabral, de contar con más tiempo para analizar la documentación. Hasta ahora, integrado por mayoría afín al oficialismo, el Consejo le dio buenas noticias a Oyarbide: en junio y por un voto de diferencia descartó un apercibimiento por supuesto prejuzgamiento pedido por el detenido jefe de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola. Al mes siguiente, rechazó iniciarle juicio político por haber archivado un expediente por presunto enriquecimiento ilícito en contra de Cristina y Néstor Kirchner, basado en la declaración jurada del matrimonio. Y en octubre desestimó otros tres pedidos hechos por el Grupo Clarín, el PRO y el ex secretario de Transporte Jaime.

En cambio, un juez salteño quedó a un paso del juicio político luego de que el Consejo resolviera citarlo bajo los términos del artículo 20, es decir que se toma como válida la acusación. La Comisión de Disciplina concretó el llamado luego de evaluar un expediente en el que ya se acumularon acusaciones por presunto prevaricato.

Se trata del magistrado federal de Salta Miguel Antonio Medina, mencionado en cuatro denuncias que inició el juez de la Suprema Corte de esa provincia Abel Cornejo. Una de ellas alude a que Medina, supuestamente, se quedó con 99 mil dólares de una causa por narcotráfico. El nombre de Medina fue mencionado cuando el magistrado dictó una medida cautelar en contra de la aplicación de la ley de medios.