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Oficina Anticorrupción paralela y K
La propuesta la hizo Diana Conti junto con otros legisladores del Frente para la Victoria, fundamentando que "la corrupción constituye un problema fundamental en todo Estado de Derecho, por lo que se vuelve imprescindible contar con organismos de prevención y persecución que puedan desempeñar su función de manera eficiente, imparcial y justa".
Dice entonces que "los sucesos acaecidos en los últimos meses evidencian la necesidad de repensar la ubicación orgánica e institucional de la Oficina Anticorrupción, para contar con un organismo que pueda desenvolverse con verdadera independencia de los poderes políticos".
El proyecto apunta directamente a Alonso y las empresas offshore que se le atribuyen al Presidente, diciendo que "hoy en día la Oficina Anticorrupción está a cargo de la Lic. Laura Alonso, que desde que asumió el cargo, sus principales intervenciones, por ejemplo en el denominado caso Panama Papers ("constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo"), evidencian a todas luces una grave tergiversación de las funciones del organismo, pareciera actuar en defensa del presidente antes que investigando la comisión de delitos de corrupción".
El proyecto también los firmaron los diputados Lautaro Gervasoni, Ana Carolina Gaillard, Araceli Ferreyra, Carlos Castagneto, Remo Carlotto, Marcos Cleri, Analia Rach Quiroga y Alejandro Abraham, sosteniendo la creación de la OA legislativa "con independencia funcional y financiera, que actúe como autoridad de aplicación de la ley de ética en el ejercicio de la función pública".
La idea se completa con que la OA funcione en el ámbito del Poder Legislativo "ejerciendo sus funciones sin recibir instrucciones de ninguna autoridad" y propone una integrarla con 7 directores generales, de los cuales 6 serían designados por resoluciones de las dos cámaras, 3 por Diputados y 3 por Senadores y el restante miembro sería designado por resolución conjunta de los presidentes de cada cámara y será el presidente del ente.

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